El viaje de Castor, un tren cargado con 123 toneladas de basura nuclear que partió hace una semana desde Francia hacia el almacén de residuos Gorleben (Alemania), no sólo ha provocado manifestaciones de activistas opositores, con saldo de más de mil heridos y decenas de detenidos, sino un debate en los dos países sobre la energía nuclear y los residuos radiactivos.

La polémica comenzó en septiembre, cuando el Ejecutivo de centro-derecha alemán que preside Angela Merkel aprobó un plan energético que contempla alargar la vida útil de las 17 centrales nucleares del país unos 14 años adicionales al plazo previsto actualmente, de 2020, revocando el acuerdo firmado en el año 2000, bajo el gobierno socialdemócrata-verde presidido por Gerard Shroeder.

Pocos cementerios

Según la Comisión Europea (CE), en la Unión Europea (UE) hay 143 centrales nucleares en 14 de sus 27 Estados miembros, que generan al año unos 7 mil metros cúbicos de residuos. Pero son muy pocos los países que cuentan con cementerios nucleares.

Gorleben, por ejemplo, es un almacén que se construyó hace 20 años en Alemania de manera provisional y que hoy mantiene su situación de emplazamiento temporal, ya que los sucesivos gobiernos no han fijado lugar para construir un cementerio nuclear definitivo donde se deposite la basura atómica que generan las 17 centrales alemanas.

La localidad francesa de La Hague es el otro lugar al que van los residuos nucleares de muchos países europeos.

Allí está la planta de reciclaje de combustible nuclear más grande del mundo.

Recibe a diario seis toneladas de residuos radiactivos, que tras su reprocesamiento “alimentan” al 10% de todas las nucleares operativas que hay en el planeta (440).

En España sólo hay un cementerio nuclear. Está en Córdoba (sur de España), pero es insuficiente, por lo que gran parte de los residuos tóxicos se trasladan a La Hague (Francia), un almacenamiento por el que España paga 40 mil euros diarios en alquiler.

El Parlamento español aprobó desde hace unos meses la construcción de un cementerio nuclear que supondrá una inversión de 900 millones de dólares y la creación de 300 puestos de trabajo. Pero mientras algunos alcaldes lo ven como una salvación ante la falta de alternativas económicas, muchos gobiernos autonómicos lo ven como un vecino indeseable y se han negado a permitir que se construya en sus comunidades.

Considerando los riesgos que conlleva el traslado de residuos, la UE busca aprobar una directiva que lo regule.

En 2003, a CE quiso elaborar unas normas comunes para los 27 países en materia de residuos, seguridad o desmantelamiento nuclear, pero se encontró con la oposición de los Estados miembros.

Los países antinucleares consideraron que establecer normas era legitimar este tipo de energía, mientras que los países con centrales lo interpretaron como una intrusión en un asunto sensible.

Hace unos días, la Comisión acordó obligar a los 27 a que antes de 2015 presenten planes concretos sobre cementerios nucleares en sus respectivos países, que incluyan un calendario detallado de construcción y manejo de instalaciones de almacenamiento, evaluación de costes y un sistema de financiación.

Hasta el momento no hay en la UE ningún almacén permanente de estas características, aunque algunos Estados miembros, como Suecia, Fin- landia y Francia, tienen planes en ese sentido. El objetivo es que, en el futuro, cada país disponga de su propio almacén de residuos radiactivos para así poder prohibir la exportación de esos desechos.