No podía creerse que él no fuera capaz de imponer disciplina en su gabinete en un tema tan importante para el país. La gente llegó a pensar que si sus funcionarios hablaban libremente de desdolarizar, tenía que ser con la aprobación del presidente mismo.

El que esto estuviera pasando era increíble no sólo por la solemne promesa de campaña que hizo el presidente de no desdolarizar sino también porque, junto con el pueblo salvadoreño, su gobierno habría sido una gran víctima de los desastres que se desatarían con una desdolarización.

La perspectiva de que las pesadillas monetarias de los años ochenta —los controles de cambio, la escasez de dólares, las altísimas tasas de interés, las continuas devaluaciones, los conflictos laborales para conseguir que los salarios se ajustaran a las devaluaciones— se pudieran repetir, evocaba temores muy fuertes en la ciudadanía. Políticas basadas en la creencia de que crear dinero lleva al progreso fueron las que descalabraron al gobierno del presidente Duarte y llevaron su partido político a su casi completa destrucción. Con sus declaraciones el presidente ha dado una señal clara de que no quiere que su gobierno vaya en esa dirección.

Esto debería ayudar a calmar los temores que están deprimiendo la inversión. Pero hay dos puntos que el presidente debe considerar para asegurar que la inversión aumentará y la economía se recuperará:

El primero es que de poco servirán las declaraciones del presidente de la República si el presidente del Banco Central y otros funcionarios siguen diciendo que el país debería desdolarizar y que ellos no lo hacen sólo porque el presidente ha dicho que no. Eso crea un tema falso. Si no lo van a hacer, ¿para qué estar siempre discutiéndolo, descuidando miles de otros temas que sí son importantes para el desarrollo del país? Por lo que se trasluce en sus entrevistas, el presidente del Banco Central ha dedicado la mayor parte de su tiempo a expresar su frustración de no desdolarizar; a pedir al Fondo Monetario que haga un estudio para ver si la dolarización fue buena, y a volver a expresar su frustración cuando el Fondo Monetario reportó las conclusiones de ese estudio, que reafirmaron que la dolarización ha sido buena para el país y ha ahorrado cientos de millones de dólares en pagos de intereses al sector privado y al gobierno.

Poco a poco, las expresiones de frustración se van convirtiendo otra vez en expresiones de propósito, que hacen pensar a la población que una de dos cosas está pasando: que el presidente de la República deja que lo contradigan porque realmente quiere desdolarizar, o que el presidente del Banco Central piensa forzar la desdolarización aunque el presidente de la República haya dicho que no se hará.

Esto no sólo causa confusión y temores. Para mientras el presidente del Banco Central se dedica a discutir una medida que ya el de la República dijo que no hará; el Banco Central se encuentra terriblemente atrasado en la producción de leyes que se necesitan urgentemente para fomentar la inversión en el país, tales como la ley de fondos de inversión y otras que normarían el funcionamiento de los mercados de valores.

Es esencial que esto no vuelva a suceder, porque no es racional pasar asustando a la ciudadanía con medidas negativas que el presidente ya decidió que no se van a tomar; porque el gastar tiempo en esto distrae los esfuerzos del gobierno que se necesitan para actividades realmente urgentes, y porque no es bueno para nadie que la ciudadanía tenga la impresión de que los funcionarios pueden ignorar lo que diga el presidente de la República. Esto da la impresión de anarquía. Es importante, pues, que estas declaraciones de funcionarios amenazando con la desdolarización se terminen del todo. Son terriblemente costosas y no dan ningún beneficio.

El segundo punto es que hay muchas otras dimensiones de temor que el presidente debe calmar antes de que la inversión recupere su vitalidad y nos lleve a altas tasas de crecimiento. Una muy concreta es la de la declaración de patrimonio que incluye el menaje de casa. Esta declaración desata el temor de la ciudadanía no porque sea un instrumento para cobrar impuestos. En realidad, no está ligada a ningún impuesto al patrimonio, que no existe aquí. El gobierno ha repetido varias veces que su intención no es poner un impuesto de este tipo. La oposición viene de que para comprobar si la declaración es cierta, el Ministerio de Hacienda tendría la potestad de entrar a su vivienda, violando así el principio constitucional universal de la inviolabilidad de la morada. Esto abriría la puerta para que los ciudadanos no puedan estar seguros ni en su casa, y a que el gobierno use estos poderes para perseguir a los que se les oponen. No es el tipo de sociedad que queremos.

El presidente ha expresado muchas veces que su gobierno pretende mantener el régimen democrático y la estabilidad económica con un énfasis en políticas sociales. ¿Por qué entonces enviar mensajes que amenazan el cumplimiento de estos objetivos y atemorizan a la población, en vez de buscar una armonía social que lleve a más crecimiento económico y más progreso social?

Este artículo fue publicado originalmente en El Diario de Hoy (El Salvador) el 18 de noviembre de 2010.