Considerando que el mundo está lleno de seres mortales con sus virtudes y defectos, y que los funcionarios públicos surgen de ese mundo de seres mortales, resulta difícil imaginar corrupción cero en cualquier país del mundo. Habrá naciones con más corrupción y otras con menos, pero difícilmente haya una corrupción cero por el simple hecho de que la misma existencia del Estado da lugar a un poder que detentan los gobernantes y funcionarios públicos que les permite disponer de los dineros ajenos.

Si aceptamos que es casi imposible llevar la corrupción a cero, al menos puede limitársela. Es decir, buscar esquemas de políticas públicas que disminuyan las posibilidades de corrupción. ¿Cómo puede lograrse ese objetivo?

Cuando uno observa, los casos de corrupción se deben fundamentalmente a dos razones: a) las regulaciones de todo tipo del Estado y b) el estatismo.

Cuando hablo de regulaciones no solo me refiero a los controles de precios o restricciones al ingreso de nuevos competidores al mercado, entre otras medidas, sino también a los subsidios de toda clase. Por ejemplo, es común escuchar denuncias sobre el uso político de los planes sociales que manejan algunos sectores del gobierno u organizaciones que se autodenominan “sociales”.

Mi punto es que a mayor intervención del Estado en la economía, más posibilidades de corrupción. Tomemos el caso de regulaciones que impiden el ingreso de nuevos competidores al mercado. El objetivo de ese tipo de regulaciones consiste en generar una renta extraordinaria en los sectores beneficiados que no obtendrían en condiciones de libre competencia. El funcionario que otorga ese beneficio puede cobrar una coima por otorgarlo y quien lo recibe puede pagarlo porque la renta extraordinaria se lo financia. Se produce así un mercado de tráfico de influencias en que el objetivo no es invertir para ser más competitivo y ganarse el favor del consumidor, sino que todo se centra en hacer el lobby necesario para obtener esa renta extraordinaria. El funcionario sabe que esa renta es un bien escaso y que su firma puede tener un precio, por lo tanto, “vende” ese beneficio gracias a que la sociedad toma como normal que el Estado intervenga en la economía para neutralizar los “efectos negativos” del “mercado salvaje”.

Otro ejemplo podrían ser los controles de precios. Cuando una empresa depende de que un funcionario público firme una autorización para incrementar los precios, su capacidad de subsistencia puede depender de la buena voluntad del funcionario, por lo tanto puede estar dispuesta a pagar para que el burócrata firme a cambio de un precio. En ese caso hay una extorsión del funcionario de turno.

Los escándalos de corrupción que han surgido en los últimos tiempos en las obras sociales sindicales no son otra cosa que el resultado de una fuerte intervención del Estado que, en nombre de la justicia social, le quita compulsivamente a los trabajadores parte de su ingreso para transferírselo a los dirigentes sindicales. No es que los trabajadores libremente eligen aportar a las obras sociales, sino que el Estado les quita por la fuerza parte de su ingreso para transferírselo a los sindicatos. Si no existiera ese “robo legalizado”, como lo denomina Bastiat, el trabajador podría elegir quién le presta el servicio médico, y si quien se lo presta no lo satisface podría cambiar de prestador. Es tal el monto que se mueve mediante este robo legalizado que la corrupción es inevitable bajo este sistema porque los sindicatos no tienen que ganarse la voluntad de los trabajadores sino que obtienen los recursos gracias al aparato de compulsión del Estado.

¿Quién no recuerda, si tiene edad suficiente, el suplicio que era conseguir un teléfono en la época de ENTEL? Tener un amigo que tuviera un amigo en ENTEL que consiguiera un teléfono era la forma de obtenerlo. ¿Quién no recuerda los techos de los edificios del microcentro repletos de cables de teléfonos que usaban las mesas de dinero? Esas líneas se conseguían comprándolas. Y el que las vendían se las quitaba a otros. Y los ejemplos podrían continuar, con las empresas estatales que compraban mucho más caro los insumos que el precio de mercado porque había un negocio cautivo.

En definitiva, a mayor intervención del Estado, más poder del funcionario público para decidir ganadores y perdedores dentro de la economía. Ese poder omnímodo de los burócratas y políticos, que va contra los principios de la democracia republicana, termina generando el tráfico de influencias al que hacía mención antes, porque, insisto, el costo de las coimas lo termina pagando el consumidor. El funcionario que coimea se beneficia y el que paga lo asume como parte del costo de producción gracias a los beneficios extraordinarios que le otorga el Estado le permite trasladar ese costo a precio.

Podemos catalogar a los dirigentes políticos, sindicales, economistas etc. que adscriben al intervencionismo y al estatismo bajo dos grandes categorías: a) los que están convencidos por ideología y b) los que ven un negocio personal en la intervención del Estado y lo promueven no por ideología sino por interés personal. En este caso, la intervención estatal se presenta como una ideología a favor de los pobres o de la soberanía nacional, pero en rigor esos argumentos son solo una pantalla para esconder el enriquecimiento personal que persiguen baja la máscara de defensores de los pobres y de la Nación.

A los que están convencidos por ideología y no los mueve la búsqueda de enriquecimiento personal les diría que no es un problema de personas sino de sistema, además de debatir técnicamente sobre la inconveniencia del intervencionismo y el estatismo. Pero para los que buscan un negocio personal no hay argumentos científicos que valgan, porque sería como tratar de convencer a Al Capone que no es bueno para la sociedad las actividades mafiosas. Su interés personal no pasa por el interés de la sociedad sino por maximizar sus ganancias personales utilizando cualquier mecanismo para obtenerlas. De manera que tratar de convencer a este grupo de personas no tiene ningún sentido.

Pero el problema de fondo es que una amplia mayoría de la población cree que el intervencionismo estatal la beneficiará y que el mercado libre la perjudicará, al tiempo se escandaliza con la corrupción y cree que el problema se resuelve reemplazando a un intervencionista corrupto por un intervencionista honesto. Para la inmensa mayoría de la sociedad la corrupción no es fruto de los poderes omnímodos que manejan los burócratas y políticos, sino que es un tema de personas. Y la realidad es que si en el medio de un océano de corrupción cae un intervencionista honesto, la mafia de la corrupción se lo come vivo. Y en el caso que se consiguiera un ejército de intervencionistas honestos que pusieran en retirada a los intervencionistas corruptos, igual tendríamos un serio problema de eficiencia económica. Tema que dejaré para otra nota.

Si uno mira la oferta electoral de hoy día en Argentina, salvo excepciones, se va a encontrar con que la oposición denuncia al gobierno de corrupto y sin respeto por la democracia republicana, pero no propone un cambio de sistema. El argumento se limita a decir: ellos son corruptos y autócratas, yo soy honesto y democrático. Una especie de kirchnerismo al revés. De ambos bandos parecen tirarse con el argumento de la honestidad y el respeto a las instituciones, pero, sinceramente, del lado de la oposición no veo, a grandes rasgos, propuestas de políticas públicas tan diferentes a lo que actualmente se hace. Solo se argumenta sacando la chapa de honesto.

La democracia republicana se construye limitando el poder del Estado. Sin un límite claro al monopolio de la fuerza que le delegamos al gobierno, no hay democracia republicana posible y sí muchas posibilidades de corrupción. Y como la corrupción necesita de la impunidad para subsistir, el paso siguiente es la destrucción de la república.

Pero tal vez sea el mismo mercado electoral, es decir las preferencias políticas de la gente, lo que hace que impere este tipo de sistema. Comprendo que no todo el mundo tiene que conocer la relación entre calidad institucional y progreso económico y personal. También comprendo que no todo el mundo tiene que entender porque son perjudiciales los controles de precios, las restricciones a la competencia, el despilfarro en subsidios, el estatismo, etc. Lo que me resulta más difícil de comprender es que hayamos llegado a un punto en que la gente no pueda comprender un concepto básico que es el de decencia o prefiera dejar de lado la decencia a cambio de un artificial y transitorio nivel de consumo. Digo, no pido que la gente entienda la relación entre instituciones y crecimiento, sino que valore la decencia, que es algo que nuestras abuelas lo comprendían sin haber hecho un MBA o un PHD. Ser decente es vivir del trabajo propio y no del ajeno. Ser decente no es pretender vivir de las dádivas del Estado. Ser decente es esforzarse para progresar sin pedirle al Estado que le robe a otro para que me lo de a mí. Ser decente es respetar al otro, es la buena educación en el trato. El saber que uno no debe robar, en forma directa o mediante el Estado gracias al lobby. Ser decente es no avasallarlo los derechos de los demás en nombre de la justicia social o de la soberanía nacional.

Esta orgía de creciente corrupción que vive el país, podría ser el resultado de haber perdido el concepto de decencia. Posiblemente, quienes ven el intervencionismo como un negocio personal y lo disfrazan de ideología a favor de los más desposeídos, aprovechan esa pérdida del concepto de decencia porque amplios sectores de la sociedad está dispuesto a cambiarlo por una fiesta de consumo transitorio o de vivir de la ilusión que una autócrata bueno nos evitará el trabajoso camino de construir el país con trabajo, inversiones y respeto por las instituciones, y cuando digo instituciones pongo el acento en el Estado limitado.

En definitiva, me parece que es imposible que tanta corrupción pueda sostenerse sin una sociedad que ya no se escandaliza por ella. Y si no se escandaliza, es porque se perdió el concepto de decencia. Y si se perdió el concepto de decencia, queda el campo listo para el negociado corrupto del intervencionismo.

Tal vez, si comprendemos que la existencia de un Estado limitado no es solo más eficiente para poder crecer, sino un imperativo moral, es que logremos el sueño de una Argentina diferente.