Casos de oficiales del Ejército presuntamente corrompidos por el narcotráfico, como ocurrió en la época del fujimorato, cuando el asesor presidencial Vladimiro Montesinos tomó el control del instituto castrense, fueron reportados por el penúltimo embajador estadounidense en Lima, Michael McKinley, de acuerdo con un extenso cable secreto que despachó a Washington el 12 de marzo de 2009, y que forma parte de siete documentos filtrados por la organización Wikileaks.
El embajador reseña la versión de un informante del Ejército –cuya identidad ha sido suprimida por Wikileaks– sobre las sospechosas relaciones de tres generales con narcotraficantes. Se refiere al ex jefe de la Región Militar Norte (RMN) con sede en Piura general (r) José Williams Zapata (2004-2005), a quien se atribuyó presuntas relaciones con el ex militar Jonathan Huacac Torrico, quien usaba el Casino Militar de Piura para coordinar la exportación de droga con mafiosos mexicanos.
También es mencionado el general Paul Da Silva Gamarra (2007), actual comandante general del Ejército, quien, siendo jefe de la RMN en 2007, mantuvo contacto con el narcotraficante Rolando Velasco Heysen, un empresario pesquero capturado en 2007 con 840 kilos de cocaína (ver documento). Y alude a que el entonces comandante general del Ejército Edwin Donayre Gotzch sabía de las vinculaciones de Da Silva con Velasco.
La red de Montesinos
Consultado el general Paul Da Silva, reconoció que se reunió una sola vez con Rolando Velasco por una invitación de este empresario pesquero para promover el consumo de la pota.
“Yo no he sido citado por la policía, ni por la fiscalía ni por la justicia en relación al caso de ese señor. Además, tuve esa reunión a pedido del general Donayre”, señaló Da Silva. “No afronto ninguna investigación ni por ese ni por ningún otro caso. En consecuencia, rechazo la insinuación contenida en el documento secreto norteamericano”, agregó.
En el documento secreto se indica que estos hechos recuerdan a la red de narcocorrupción que impuso Vladimiro Montesinos durante el gobierno de Alberto Fujimori en el Ejército y otras instituciones, y que se repiten porque aún existen dentro de la institución elementos de la organización criminal del ex asesor presidencial.
McKinley, basado en revelaciones que un oficial del Ejército ofreció a funcionarios norteamericanos en la capital –y que según él mismo se ha verificado por distintas fuentes de la embajada estadounidense–, manifiesta también que una de las razones por las que fracasan las operaciones contra Sendero Luminoso en el Valle de los ríos Apurímac y Ene (Vrae) es porque militares reciben sobornos de traficantes de drogas a cambio de que las tropas no ataquen.
La información más significativa está relacionada con uno de los factores que explicaría por qué el Ejército enfrenta problemas para derrotar o controlar a Sendero Luminoso. El informante de la embajada estadounidense lo atribuye a la corrupción:
“(El informante) afirmó a los funcionarios políticos (de la embajada) que remanentes de la red de narcocorrupción continúan vivos dentro del Ejército. (El informante) alega que algunos altos mandos militares reciben lucrativos sobornos de parte de narcotraficantes que operan en el Vrae, donde tienen su base los más importantes remanentes de Sendero Luminoso. (El informante) sostiene que el Ejército –por temor a perder los pagos de los sobornos si ataca las redes del narcotráfico– no está dispuesto a usar toda la fuerza necesaria para pacificar el Vrae. Como resultado, (señala el informante), las operaciones en curso contra Sendero Luminoso fracasarán en el corto plazo”.
El embajador McKinley comenta que los fracasos de las operaciones militares en el Vrae contra Sendero Luminoso se deberían a los casos de corrupción mencionados por el informante.
El presidente de la Comisión de Defensa, Wilder Calderón Castro, enterado del contenido de los documentos secretos de los Estados Unidos sobre narcocorrupción, dijo a La República que los hechos revelados merecen una exhaustiva investigación para determinar responsabilidades.
“Tenemos que identificar a los que están involucrados en los hechos mencionados en los documentos”, explicó Calderón. “Lo primero que vamos a hacer es pedir información al ministro de Defensa, Jaime Thorne, quien es el responsable político del sector. Si encontramos indicios, pasaremos la información a la Comisión de Fiscalización para que luego las autoridades judiciales apliquen la sanción correspondiente”, agregó.
El presidente de la Comisión de Defensa adelantó que solicitarán a la Cancillería desarrollar las gestiones necesarias para verificar la autenticidad de los documentos.
Los siete reportes filtrados por Wikileaks, y difundidos primero por el diario madrileño El País, son parte de los 1,512 documentos relacionados al Perú. Todavía faltan muchos más secretos por revelar.
El dato
Grave. En el mismo informe sobre corrupción en el Ejército, el embajador Michael McKinley menciona en profundidad el caso de los generales Edwin Donayre Gotzch y César Reinoso Díaz, implicados en la adjudicación irregular de gasolina.
