La sentencia, que la Administración Obama quiere recurrir, anticipa una pugna legal y política que puede desembocar en el Tribunal Supremo, ahora dominado por los conservadores. El Supremo ya ha actuado en ocasiones anteriores como oposición de facto al presidente. La más destacada fue en enero, cuando los jueces abrieron las puertas a la financiación de campañas electorales por parte de empresas y lobbies, una decisión que Obama calificó de ataque a la democra cia y que, según los demócratas, influyó en las elecciones legislativas de noviembre. 

Si el Supremo - la máxima instancia judicial en EE. UU.-diese la razón al juez Hudson respecto a la ley sanitaria, supondría una derrota del presidente Obama y una victoria de la oposición republicana, que considera que la reforma sanitaria representa un paso hacia la socialización de la medicina. En Estados Unidos, la sanidad es privada excepto para los más desfavorecidos y los mayores de 65 años. 

El argumento del juez Hudson es que el Congreso, que adoptó la ley sanitaria el pasado marzo, se excedió en sus competencias al obligar a ciudadanos a comprar un producto en el mercado privado como es el seguro médico. En EE. UU. se han presentado 25 demandas contra la reforma. En dos casos anteriores, en Michigan y en la misma Virginia, los jueces declararon que la ley era legal. 

Pese a la sentencia de ayer, la Administración Obama puede seguir preparando los planes para poner en práctica la medida declarada inconstitucional en el 2014, tal como estaba previsto. Pero la sentencia y la eventual decisión del Supremo siembran la incertidumbre sobre la viabilidad de la reforma. En paralelo a las demandas judiciales, los republicanos quieren revocarla por la vía legislativa, en un Congreso bajo control conservador tras la derrota electoral demócrata.