Las extrañas prioridades con respecto a América Latina no son nada nuevo para el gobierno de Barack Obama, pero la semana que acaba de terminar merece un premio. Haití es, para todos los efectos, una dependencia de EE.UU. que se mantiene a flote gracias a la ayuda estadounidense. Sin embargo, el presidente René Preval parece considerar el fraude electoral como un derecho adquirido. Cuando el país estalló en violentas protestas por el fiasco del 28 de noviembre, sus aliados murmuraron amenazas de guerra civil. ¿Fue Arturo Valenzuela a Puerto Príncipe a regañar al presidente por los disturbios? No. El viaje a Honduras fue considerado más importante.

La palabra "miserable" ni siquiera se acerca a describir la vida haitiana después del devastador terremoto de enero. Once meses después, no hay señales de una recuperación, por modesta que sea. Las familias desplazadas todavía viven en carpas y el cólera ha cobrado más de 2.000 vidas. La población ha demostrado una paciencia casi santa y una capacidad de resistencia estoica, pero también ha tomado nota del deprimente desempeño de Preval. La elección presidencial era, supuestamente, la oportunidad de cambiar de gobernantes.

Preval y sus matones tenían otra idea y con buenas razones. La corrupción del gobierno es legendaria. Comienza en el puerto (como describí en "¿A quién le importa Haití?" el 22 de noviembre) cuando los bienes entran al país y luego se desparrama por el resto de la economía. Fuentes me dicen que lo habitual es un soborno de 20%. La comunidad internacional ha comprometido US$5.000 millones en asistencia para la reconstrucción. Hagan las cuentas.

La corrupción en Haití no es un secreto, pero EE.UU. apenas le presta atención. Así que prefirió hacer la vista gorda ante la manipulación del proceso electoral.

Mucho antes de los comicios del 28 de noviembre, era claro que el Consejo Electoral Provisional (CEP), que supervisa las elecciones, había sido politizado. La entidad, por ejemplo, descalificó arbitrariamente como candidato al ex embajador de Haití en EE.UU., Raymond Joseph. También hizo imposible que cientos de miles de votantes, que habían perdido sus tarjetas de identificación debido el terremoto, pudieran renovarlas.

Hubo violaciones explícitas a las obligaciones del CEP y el hecho que EE.UU., las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos las dejaran pasar equivalió a una aprobación tácita del plan de Preval de manipular el desenlace para favorecer a su candidato, Jude Celestin.

La situación no mejoró el día de la elección. Muchos electores que tenían sus tarjetas de identificación no pudieron votar en el centro electoral que se les había asignado porque cuando llegaron sus nombres no aparecían en el registro. Una fuente que estaba en terreno me dijo que a algunos centros de votación no fueron autorizados a abrir sus puertas y los grupos de oposición sostuvieron que los partidarios de Preval habían llenado las urnas con votos favorables a su candidato. Fotos de urnas dadas vueltas y de centros de votación repletos de votos se difundieron rápidamente en Internet. Los votantes haitianos expresaron su rabia e indignación ante el proceso y 12 de los 18 candidatos solicitaron la anulación de las elecciones.

De acuerdo con los informes de observadores nacionales e internacionales —incluyendo el Consejo de Observación Electoral Nacional, financiado por la Unión Europea e integrado por organizaciones no gubernamentales haitianas que estaban presentes cuando se contaban los sufragios— los candidatos Mirlande Manigat y Michel Martelly llegaron en primer y segundo lugar, respectivamente. Esos escrutinios ahora parecen ofrecer la mejor oportunidad de que se imponga la verdad.

Pero Preval ha dejado claro que no tiene intención de irse sin dar una pelea. La semana el CEP, cuyos integrantes él designó, anunció que Celestin se ubicó en el segundo lugar después de Manigat y ganó el derecho a competir en la segunda vuelta fijada para el próximo mes. Agregó que el partido de Preval obtuvo dos tercios de los escaños en el Parlamento, lo que le permitirá nombrar al primer ministro.

La oposición no le creyó al CEP y no solamente debido a la impopularidad de Preval. También tiene los informes de los observadores de las elecciones. Miles de haitianos se volcaron a las calles y se produjeron actos de violencia. El aeropuerto de Puerto Príncipe debió ser cerrado. Una multitud enardecida prendió fuego a la sede del partido de Celestin.

El responsable de la campaña de Celestin respondió que su candidato había alcanzado 52% de los votos y advirtió que sus partidarios en los barrios pobres estaban listos para desatar la violencia. "Si no logramos contenerlos, prepárense para la guerra civil", dijo el senador Joseph Lambert.

A menos que la comunidad internacional quiera admitir públicamente que está siendo intimidada por los matones, no le queda más remedio que denunciar el engaño de Preval. Puede que EE.UU. se esté despertando a esta realidad. En un comunicado la semana pasada, el Departamento de Estado dijo que estaba "preocupado" por la versión del resultado electoral del CEP.

El CEP respondió la semana pasada diciendo que va a "recontar" los votos para presidente. Eso no sirve de mucho viniendo de la institución que ha tenido los votos en custodia durante dos semanas y los haitianos lo saben. Alguien le tiene que dar la noticia a Preval.

Este artículo fue publicado originalmente en The Wall Street Journal (EE.UU.) el 13 de diciembre de 2010.