En diciembre de 2005 el presidente indígena fue elegido con casi el 54% de los votos; en diciembre de 2007 se aprobaba la nueva Constitución que abría camino a la llamada "refundación de Bolivia"; y en diciembre de 2009 hacía el copo con un 63% de sufragios y se embolsaba los dos tercios de ambas Cámaras. ¿Pero acaso tenía Evo Morales la propiedad absoluta de esos sufragios, o tan solo los había recibido en préstamo? En 2010 el presidente ha acelerado vertiginosamente su revolución refundadora, como si alguien le estuviera pidiendo cuentas.

En febrero pasado las Cámaras aprobaban la ley transitoria de designación de jueces, que deberá redondearse este año para que todos sean de elección popular; en 2010, 36 conocidos oponentes han sido procesados -12 de ellos in absentia- y entre los perseguidos, cuatro presidentes y vicepresidentes, Carlos Mesa, Víctor Hugo Cárdenas, Jorge Quiroga y Eduardo Rodríguez Veltze han hecho pública una carta encomendando su suerte a la opinión pública internacional; en junio se aprobaba la ley de justicia indígena, a la espera de un texto que delimite competencias con el ordenamiento jurídico occidental; en octubre se promulgaba una ley contra el racismo, que en su artículo 16 prevé cuantiosas multas y hasta el cierre de publicaciones que incurran en esa figura delictiva, pero no solo porque inciten a la discriminación, sino también por informar sobre quién lo haga; y en diciembre entraba en vigor una ley de educación que fijaba la escolarización hasta el nivel de bachiller, al tiempo que consagraba 36 nuevos textos docentes, tantos como etnias hay oficialmente en el país, con objeto de establecer una neomitología de Bolivia, pero no sin dejar algunos cadáveres por el camino como el clásico local Raza de bronce, de Alcides Arguedas, que si no ha sido prohibido, está fuertemente desaconsejado; y por último, la asignatura de religión se ha transformado en "Religiones, espiritualidad, ética y valores", aunque se respetará la enseñanza de religiones específicas. Todo ello equivale a proclamar el fracaso de la independencia criolla, la incapacidad de las élites históricas de Bolivia, de raíz española y europea, de inventar un país para todos. Como dijo el presidente venezolano Hugo Chávez de sí mismo, Evo Morales es "la consecuencia".

En esa sucesión de aceleraciones, el encarecimiento de los carburantes era un frenazo, un doloroso reconocimiento del orden económico mundial, con lo que se pretendía ahorrar este año al Estado unos 500 millones de euros en subvenciones, que ahora habrá que mantener. Y la protesta que ha conducido a la derogación constituye un reclamo no solo material, sino también una exigencia de continuidad en el movimiento refundador. El presidente se ha movido entre dos potencias clásicas: Robespierre y Jovellanos, aunque siempre mucho más cerca del primero. El turiferario francés decía que para que no escapara ningún culpable había que acabar con muchos inocentes -entre ellos la libertad de expresión, que está en peligro por el golpe fundamental de tantas leyes-; y el ilustrado español afirmaba: "Jamás creeré que se deba dar a una Nación más bien del que puede recibir". El frustrado encarecimiento de las gasolinas era una medida a lo Jovellanos, como punto y aparte a todo un empacho de reformas.

El MAS (Movimiento Al Socialismo) que sostiene a Evo Morales, más que un partido es una federación de grupos e intereses sociales, en cuyo seno hay pesos desiguales y los cultivadores de coca se erigen en ella como guardianes de las esencias de la bolivianidad, aquella que se quiere imponer sobre la desestructurada versión criolla. Evo Morales tendrá que elegir entre una política que satisfaga a sus bases, pero desincentive la inversión de las empresas extranjeras -hoy nacionalizadas- sin las cuales no es posible seguir extrayendo las riquezas del subsuelo, o resignarse a algún tipo de realismo económico. La marcha hacia el socialismo o comunitarismo indígena del siglo XV -precolombino- está pidiendo a gritos un periodo de reflexión.