El Departamento de Estado ha dicho que continúa analizando la situación.

El lunes, el abogado demandante, Ted Collingsworth, radicó un recurso en el que insistió en que Uribe debe declarar dado que tiene ``información factual exclusiva'' sobre las ejecuciones extrajudiciales de los campesinos.

Según Collingsworth, Uribe apoyó a la filial de la Drummond en Colombia y a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que recibieron pagos de la empresa para cometer los asesinatos.

``No sólo el gobierno de Uribe fue notorio por su abierta relación y apoyo a las AUC, el señor Uribe presuntamente dirigió a miembros de Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) que se involucraron en actos ilegales ayudando a las AUC y persiguiendo a supuestos izquierdistas'', escribió el abogado que representa a los familiares de las víctimas en Estados Unidos.

Collingsworth aportó al expediente un reporte clasificado de la Agencia de Defensa de Estados Unidos de 1991, en el cual se afirma que Uribe colaboró con el cartel de Medellín y era amigo personal del jefe de esa organización, Pablo Escobar.

El reporte, que fue revelado en el 2004 por la revista Newsweek, fue rechazado por Uribe en su momento alegando que el reportero de la revista, Joseph Contreras, ``ni los contrincantes de Uribe, ni ningún organismo de inteligencia nacional o internacional lograron aportar una sola prueba que diera la más mínima credibilidad a tales acusaciones''.

Desde el 12 de noviembre, el embajador de Colombia pidió a Washington que expida una carta de sugerencia de inmunidad argumentando que Uribe está exento por ser ex jefe de Estado.

Uribe fue notificado de la diligencia cuando salía de impartir clases en la Universidad de Georgetown, en Washington, D.C., para que declare en un caso de indemnización contra la empresa carbonífera estadounidense Drummond Company, Inc., y los directivos de su filial en Colombia, Augusto Jiménez, Alfredo Araújo y James Adkins.

El ex presidente no se presentó al interrogatorio el 22 de noviembre.

La demanda alega que la empresa pago a los paramilitares de las AUC para detener el avance de la guerrilla y como resultado decenas de pobladores, que vivían en terrenos colindantes a la línea de ferrocarril que opera la firma, fueron asesinados.

El abogado de Uribe, Gregory B. Craig, argumentó la semana pasada que éste no está obligado a testificar sobre acciones de su gobierno y que sólo lo estaría, según la jurisprudencia, si se tratara de actos privados, comerciales o de hechos materiales de los cuales fue testigo exclusivo, nada de lo cual se aplica a este caso.

Wollingsworth respondió que Uribe es la única persona de su círculo que los demandantes han podido citar en Estados Unidos ``porque decidió venir a este país para obtener beneficios disponibles para él aquí''.

Agregó que Uribe tiene una relación directa con la empresa y que su ex asesor Fabio Echeverri recibía pagos de la Drummond.

``Es posible que Uribe sepa si Drummond hizo esos pagos para facilitar la cooperación del ejército colombiano y de las AUC'', escribió Collingsworth.

La última palabra sobre la declaración de Uribe la tiene el juez Bates, quien ha tomado algunas decisiones que han tenido notoriedad a nivel nacional.

Al menos una de ellas alude a una situación similar a la que se ha planteado en torno a la inmunidad de Uribe.

Durante el escándalo de los despidos de fiscales del Departamento de Justicia por razones políticas, Bates falló que la Casa Blanca no puede ignorar las órdenes de comparecencia de los asesores del presidente.

Bates, nombrado en el 2001 por George H. Bush, participó como fiscal en la investigación del escándalo de Whitewater que involucró al presidente Bill Clinton y a su esposa Hillary, quien tendría que firmar la solicitud de inmunidad para Uribe.

También fue noticia un fallo suyo que rechazó la demanda de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, para que se revelaran los documentos del Grupo de Trabajo de Energía del vicepresidente Dick Cheney.

Bates sólo es responsable de resolver la discusión legal sobre la comparecencia de Uribe, pues el caso principal se tramita en una corte federal de Alabama, donde está la sede principal de Drummond.