A Jared Lee Loughner, el pistolero que el sábado mató a cinco personas e hirió a la congresista demócrata Gabrielle Giffords, le suspendieron en la universidad por los signos de inestabilidad que presentaba. Los responsables del centro le prohibieron regresar a las aulas hasta que un médico certificase que su presencia no era peligrosa. Cuando en el 2008 Loughner intentó alistarse al ejército de EE. UU. fue rechazado. 

Y, sin embargo, el pasado 30 de noviembre Jared Lee Loughner no tuvo ningún problema para comprar una pistola semiautomática Glock 19 en la tienda Sportsman´s Warehouse de Tucson (Arizona). 

La laxitud de las leyes sobre el comercio de armas de este estado del Far West - para comprar un arma sólo es necesario que el comerciante compruebe en una base de datos del FBI si el cliente tiene antecedentes penales-facilitó la operación. 

Giffords defendía el derecho a portar armas. El juez John Roll, que murió en el tiroteo, también. En 1994, declaró inconstitucional la obligación de comprobar los antecedentes penales de los compradores de armas. 

La matanza de Tucson ha abierto un debate sobre los excesos de la retórica política y mediática y sobre la escasa protección de los políticos estadounidenses, pero el debate sobre las armas ha quedado relegado. Si hay que guiarse por la reacción a matanzas anteriores, esta vez tampoco se reforzará la legislación. 

Tras la matanza de la universidad Virginia Tech en el 2007 sucedió lo contrario: los legisladores de Arizona propusieron una ley que permitiese a alumnos y profesores llevar armas a clase. 

Las matanzas de Oklahoma, el instituto Columbine o Virginia Tech no han convencido a los estadounidenses de que la facilidad para obtener armas sea nociva. Los sondeos de Gallup, citados ayer en The Washigton Post,indican que entre 1990 y ahora el apoyo al derecho a las armas no ha dejado de aumentar. Hace veinte años un 78% de la población estaba a favor de leyes más estrictas. Ahora, sólo un 44%. 

El apego a las armas es, en parte, cultural. EE. UU. se fundó contra las tiranías europeas, y esto puede incluir el monopolio de la violencia estatal. Un argumento de los partidarios de las armas es que las dictaduras son los regímenes más restrictivos en este sentido, yque quizá la historia de totalitarismos en Europa habría sido distinta si los ciudadanos hubieran tenido armas a mano. 

El apego a las armas también tiene una explicación práctica. EE. UU. es un país con baja densidad de población donde es habitual residir en casas aisladas ypoco protegidas. 

El argumento definitivo de los proarmas es que, si fuesen ilegales o fuese más difícil conseguirlas, los criminales - los malos-tendría acceso a ellas de todas maneras en el mercado ilegal, mientras que los buenos quedarían indefensos. 

"Las armas no matan gente, matan las personas", dijo ayer Rand Paul, senador republicano por Kentucky. 

Una de las estadísticas más socorridas en este sentido es la tasa de homicidios con arma de fuego en Washington DC, que es la más alta del país pese a que la legislación es una de las más restrictivas. La Asociación Nacional del Rifle, uno de los lobbies más influyentes del país, exhibe estadísticas según las cuales en los últimos veinte años el crimen violento no ha dejado de bajar (un 43%) mientras el número de armas no dejaba de aumentar (90 millones más). 

Los partidarios de una mayor regulación subrayan que en Estados Unidos sigue habiendo más crímenes violentos que en otros países occidentales y que en torno a 100.000 personas son tiroteadas cada año. 

¿Fin del debate? Lo único diferente ahora respecto a otras matanzas es que esta vez la víctima ha sido una congresistas, y los políticos pueden sentirse amenazados por una legislación que facilita comprar un arma.