En Bolivia no se respetan los derechos de las personas al debido proceso, la integridad, la búsqueda de la verdad y obligación a la custodia, según un informe presentado por el Defensor del Pueblo, a partir de diez casos que atendió en 2010.

Incumplimiento de los jueces para un justo juicio, un policía que tortura, la indefensión de las personas privadas de libertad, Fuerzas Armadas y otras entidades del Estado que no contribuyen en el esclarecimiento de desaparecidos y una justicia, son los aspectos más relevantes del documento defensorial que fue divulgado este lunes.

“La justicia como instrumento continúa cerrándole el paso al ejercicio de la justicia como derecho inalienable. Las condiciones objetivas están alejadas de las condiciones subjetivas que exigen cada vez más una clara voluntad ética y política de los administradores, operadores de la justicia, así como de los responsables de garantizar el derecho a la integridad física y psicológica de todos los bolivianos y bolivianas y de los ciudadanos extranjeros residentes en nuestro país”, sostiene.

El informe, de 13 páginas, identifica 10 casos emblemáticos en el que los derechos ciudadanos fueron vulnerados de manera sistemática y que hasta la fecha sus autores –en su mayoría- no recibieron el castigo correspondiente.

CASO CARANAVI

Entre los meses de abril y mayo se produjo un conflicto en la localidad paceña de Caranavi.

La represión a un bloqueo promovido por pobladores de esa región que exigían la instalación de una procesadora de cítricos, dejó el saldo de dos personas fallecidas y varias heridas.

Según la investigación defensorial, la Policía vulneró la dignidad de las personas, hubo detenciones indiscriminadas, hubo excesivo uso de la fuerza, intimidaciones y amenazas, allanamientos de domicilios, daños a viviendas y trato inhumano y degradante de detenidos.

CASO UNCÍA

El mes de mayo en la población miera de Uncía se denunció la desaparición, tortura y muerte de cuatro efectivos policiales de DIPROVE Oruro.

El documento del Defensor del Pueblo refleja acciones de seguimiento que evidencian el cambio de personal policial en el municipio de Uncía, con el requisito de hablar quechua, renovación policial y limitaciones en la investigación a cargo del Fiscal de Materia Henry Espíndola.

“Lamentablemente no se ha avanzado en la lucha contra el contrabando y persiste la libre circulación de una gran cantidad de vehículos indocumentados en la zona”, destaca.

OTROS CASOS

En el documento se hace referencia a casos que conmovieron al país como el asesinato del presunto autor principal del atraco al peaje de la autopista La Paz-El Alto, el pasado 4 de julio, en celdas de la policía, David Olorio, las torturas al conscripto Guido López Cortez en el regimiento Ranger de Challapata y el asesinato en el penal de Chonchocoro del súbdito peruano Carlos Alberto Junco.

“Es en virtud a un debido proceso que se consagran un conjunto de derechos y garantías mínimas a objeto de que se pueda acceder a la justicia y, en su caso, defenderse adecuadamente y en igualdad de condiciones”, agrega.