Tampoco podrá juzgar ``delitos contra el derecho internacional'' ni de lesa humanidad, ni casos de violación y asesinato de menores, seguridad interna, terrorismo, corrupción, narcotráfico, hidrocarburos o cualquier otro cuya víctima sea el Estado.

En materia agraria, tratará los casos de ``distribución interna de tierras en las comunidades que tengan posesión legal o derecho propietario colectivo sobre las mismas'' pero no podrá juzgar a personas ``no indígenas'' que cometan delitos en las comunidades.

``La jurisdicción indígena originaria campesina conoce los asuntos o conflictos que histórica y tradicionalmente conocieron bajo sus normas, procedimientos propios vigentes y saberes, de acuerdo con su libre determinación'', dice la norma sin mencionar las competencias.

La constitución vigente desde el 2009 reconoce tres jurisdicciones: la ordinaria (los tribunales), la agroambiental y la indígena originaria. La ley de deslinde reconoce a esta última jurisdicción independencia e igual jerarquía que las demás, pero también la obliga a respetar los fallos de las otras dos.

``El linchamiento es una violación a los derechos humanos, no está permitido en ninguna jurisdicción y debe ser prevenido y sancionado por el Estado'', señala la ley al hacer referencia a una costumbre arraigada en algunas comunidades rurales.