El padre Alejandro Solalinde Guerra, coordinador del albergue Hermanos en el Camino, en Ixtepec, Oaxaca, lamentó que en lugar de “echarse la bolita”, esos países no estén aplicando acciones inmediatas para poner un alto a los secuestros y extorsiones perpetrados por la delincuencia y consideró que el gobierno federal mexicano busca limpiar la imagen del país, pero no puede negar que los delitos se perpetran en su territorio “con el sello de la casa”.

A partir del secuestro de unos 50 migrantes en Chahuites, Oaxaca, el 16 de diciembre pasado, El Salvador, Guatemala y Honduras exigieron al gobierno mexicano actuar contra el fenómeno, que de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ha dejado 10 mil víctimas en un lapso de seis meses. Una delegación mexicana viajó el jueves a estos países para tratar el tema.

A su regreso, Rubén Beltrán, subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que “los crímenes que se realizan en México empezaron fuera del país. Los enganchadores, las células del crimen están en Honduras, El Salvador y Guatemala… en esos países hay anuncios clasificados donde se oferta: ‘viaje a Estados Unidos, no camine, garantizamos cuatro intentos ante notario y un teléfono’, este es un indicio.

En Guatemala no hay arrestos

“Queremos ver arrestos en San Marcos (Guatemala), en Cuxcatlán y otras regiones de El Salvador, queremos ver en esos países desmantelamiento de células del hampa y eso dará lugar a que vayamos actuando todos”.

El embajador Carrillo Corleto dijo a EL UNIVERSAL que en su país hay preocupación por la existencia de estas mafias y se trabaja para desarticularlas.

“Es cierto que las redes de traficantes de personas no operan sólo en México, pero hay una conexión con traficantes mexicanos y están conectados hasta en Estados Unidos, que es donde se cobran los rescates de los secuestros muchas veces, entonces, yo no acepto el término de que se originan”.

El diplomático señaló: “Nosotros aceptamos en el tema de la migración la corresponsabilidad que empieza por admitir que no somos capaces de generar las condiciones para que la gente no migre, eso lo asumimos como una autocrítica, pero es el mismo caso de México, donde su gente también migra”; agregó que es en territorio mexicano donde se cometen los atropellos contra los migrantes y eso se debe atender.

El cónsul de Guatemala, Héctor Sipac Cuin, sólo indicó que la posición de su gobierno se fijó en un comunicado en el que se acepta que el crimen organizado transnacional es el principal enemigo de indocumentados.

Solalinde Guerra fustigó: “No es con declaraciones como se va a resolver el problema y mientras estos países se echan la bolita, los secuestros y extorsiones siguen ante la impunidad y la corrupción en la que participan autoridades y policías”, por lo que los exhortó a actuar.

Expuso que es cierto que los maras centroamericanos están involucrados en los delitos contra migrantes, pero en México son Los Zetas que operan “con el sello de la casa”.