Para el mandatario, una de las causas principales de esa inseguridad es la actividad de las bandas del narcotráfico, particularmente del cartel de Los Zetas, que, aprovechando la extrema debilidad del Estado guatemalteco, parece haberse establecido en este país. Su ubicación geográfica convierte a Guatemala en el paso obligado de las drogas desde las selvas andinas hacia México, la última frontera antes de llegar al gran mercado estadounidense.

A mediados de diciembre de 2010, Colom impuso un estado de sitio en la provincia de Alta Verapaz, de cuyos frutos la población parece tener serias dudas. El gobernante, sin embargo, se muestra optimista. "Hemos logrado los objetivos que nos habíamos propuesto", dijo. Entre estos destaca la información que se obtuvo en los allanamientos a residencias de presuntos narcotraficantes, así como la sospecha de que uno de los capturados pudiera formar parte de los cabecillas del grupo. "Esperamos información de las autoridades mexicanas para confirmar el extremo".

Según el presidente de Guatemala, la medida de excepción se tomó en un momento oportuno. "La cantidad de armamento decomisado es muy superior al recurso humano que, de acuerdo con fuentes de inteligencia, tenía esta gente. Ello quiere decir que estaban preparando algo grande. Alcanzar un mayor control del país. Una mayor presión sobre la población", comentó.

El gobernante señala que el estado de sitio también ha permitido al Estado guatemalteco recuperar parte importante del territorio, donde los narcotraficantes ejercían un control total. "Solo en la provincia de Petén", en el norte del país, "hemos recuperado 118.000 hectáreas. Ahí ya no aterrizan avionetas. Ahora el problema es que descienden en Honduras y entran al país por la vía terrestre, lo que complica su detección y captura".

Álvaro Colom señala que durante los últimos dos años ha trabajado estrechamente con los Gobiernos de la región, particularmente con los de México, El Salvador y Honduras, para lograr una respuesta conjunta al problema. "Luchamos en contra una multinacional del crimen. Los Zetas ya no son mexicanos, ya no tienen pasaporte, ya no tienen fronteras. Tenemos información de que hay capos mexicanos que ejercen control [de la distribución de drogas] en ciudades estadounidenses", reveló.

El mandatario está convencido de que la guerra contra el narcotráfico "se puede ganar", y de contar en el empeño, con el apoyo de la Administración estadounidense. "Mantengo contactos frecuentes con la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y puedo afirmar que la Administración del presidente Barak Obama es consciente de la corresponsabilidad que tiene Estados Unidos como el principal consumidor", dijo, aunque insistió en que se tendrá que llegar a "pactos en problemas como qué se va a hacer con las armerías situadas en la frontera mexicano-estadounidense", las que, según sus palabras, "inundan de armas a toda la región".

Parte de la estrategia que Colom plantea para luchar contra las mafias del narcotráfico consiste en la coordinación de acciones entre todos los involucrados. "Hasta ahora", afirma, "la lucha no ha rendido los frutos esperados porque los planes que se han diseñado [El Plan Yucatán, para México, o el Plan Colombia, para esa nación] han sido diseñados desde un despacho en Washington, cuando debieron hacerse en estrecha coordinación con los países afectados".

La población guatemalteca no es tan optimista. Algunos personajes que han abordado el tema, como el arzobispo primado de Guatemala, Julio Vian, han expresado su temor porque el combate a las mafias del narcotráfico pueda derivar en una nueva guerra en suelo centroamericano, esta vez contra un enemigo económicamente muy poderoso, con lo que ello implica: superioridad en armas y algo que es una realidad inocultable: la compra de voluntades, al extremo de tener cooptadas a muchas instituciones del Estado.

Tres años de gobierno

Álvaro Colom se enfrenta al último año de su mandato en medio de feroces críticas por lo que todas las encuestas coinciden en señalar como su mayor fracaso: la inseguridad ciudadana y la falta de transparencia en la utilización de los recursos públicos, dos de sus promesas electorales. También por un escaso reconocimiento a sus aciertos en el campo social, particularmente en programas como Mi Familia Progresa, que contempla pagos a los padres que envíen a sus hijos a las escuelas, lo que elevó la factura de la cobertura escolar a cifras sin precedentes. Este logro se le ningunea y se le acusa de utilizar recursos del Estado con afán clientelista.

Las encuestas califican como positivo el manejo de la macroeconomía. Entre las asignaturas pendientes se encuentra la reforma fiscal, tema que crispa a la todopoderosa iniciativa privada. Con una carga fiscal que oscila entre el 10% y el 12%, Guatemala es uno de los países que menos tributa en Latinoamérica. A esto se suma una evasión de características vergonzosas. Se estima que solo en la recaudación del impuesto al valor añadido (IVA, que en este país genera la mitad de los ingresos del Estado), el recaudador se apropia, impunemente, de un 60%. Para corregirlo es necesario un pacto fiscal que la patronal condiciona a tres compromisos: ampliar la base tributaria, hacer más eficiente la recaudación y combatir el contrabando.

Los organismos internacionales recomiendan a Guatemala que eleve su carga fiscal hasta un 15% o 18%. Analistas locales, como el politólogo Manuel Conde, creen que sería un éxito alcanzar un 14%. Si en los meses que le quedan (Colom entregará el poder el 14 de enero de 2012), lograra un acuerdo en este campo, podría ser su gran aportación para el futuro del país.