Los escándalos de corrupción que acosan al gobierno de Luis Inácio Lula da Silva en Brasil son de dos tipos. El primero consiste en el pago de sobornos a congresistas para que aprueben las propuestas legislativas del Ejecutivo. El segundo consiste en financiar campañas electorales con fondos obtenidos en forma ilícita. En ambos casos, se trata de problemas relacionados con el diseño institucional de la mayoría de las democracias latinoamericanas. La tentación de sobornar congresistas en democracia suele darse allí donde las fuerzas políticas que controlan el ejecutivo no son necesariamente las mismas que controlan el parlamento. Es decir, en un sistema presidencial, por oposición a un sistema parlamentario. Recordemos que el caso brasileño no es excepcional en la materia, su antecedente más cercano es el soborno de congresistas bajo el gobierno de Fernando de la Rúa en la Argentina, con el propósito de que estos aprobaran las reformas propuestas por el ejecutivo a la legislación laboral.

Pero, a diferencia de Europa, entre las democracias latinoamericanas no solo predominan los sistemas presidenciales de gobierno, sino que además prevalecen sistemas de representación proporcional para acceder al Congreso. En países que, como Brasil, no cuentan con un sistema de partidos consolidado, ello propicia la fragmentación de la representación parlamentaria. En ese caso el problema ya no es solo que el ejecutivo no cuente con mayoría parlamentaria propia, sino que tampoco suele existir un bloque mayoritario de oposición con el cual aquel pudiera negociar la aprobación su agenda legislativa.

A diferencia de un régimen autoritario, en una democracia el ejercicio de funciones de gobierno requiere de una competencia electoral entre las distintas fuerzas políticas para obtener el sufragio de los ciudadanos. En principio, eso debería inducir a esas fuerzas políticas a prestar mayor atención a los intereses de los electores, además de proveerles un incentivo para ejercer funciones de fiscalización recíproca. Sin embargo, el carácter electivo de los cargos también da origen a una vulnerabilidad frente a la corrupción propia de las democracias: es decir, el financiamiento de las campañas.

El tema del financiamiento de las campañas electorales es una instancia de un problema más general, a saber: ¿Cómo mantener separados el poder político del poder económico? No son desconocidas incluso entre democracias desarrolladas las prácticas de financiar las campañas electorales con fondos obtenidos ilícitamente, presumiblemente a cambio de favores políticos. Así, mientras estas democracias suelen ser eficaces en el propósito de hacer cumplir las leyes, no siempre son eficaces a la hora de impedir la injerencia irregular de los intereses privados en la elaboración de esas leyes.

Por eso se reconoce la necesidad de limitar el impacto de los intereses privados sobre los políticos electos, entre otras vías a través de una estricta regulación pública del financiamiento de las campañas electorales. Por ejemplo, en la segunda vuelta electoral ad portas de realizarse en Chile, la legislación de ese país prohíbe la adquisición de espacios televisivos para fines de propaganda electoral, estableciendo la distribución gratuita de esos espacios para ambas candidaturas por igual. Además, el Estado provee de fondos de campaña a las distintas fuerzas políticas en función a su respaldo electoral. Prácticas similares son usuales entre los sistemas parlamentarios europeos, pero no entre los sistemas presidenciales de nuestro hemisferio.

En un sistema político lastrado por una corrupción endémica, los gobiernos estatales del Partido de los Trabajadores habían logrado niveles de probidad inusuales en el Brasil. No pocos atribuían ese hecho a la férrea convicción ideológica de sus militantes. Sin embargo, es probable que una innovación institucional introducida por los gobiernos estatales del PT ofrezca una explicación más plausible: v.g. la práctica de los presupuestos participativos, a través de los cuales un amplio espectro de organizaciones de la sociedad civil participaba en la definición de las prioridades de gasto y en el monitoreo de su ejecución. Desprovisto de mecanismos equivalentes de rendición de cuentas en el ámbito federal, el gobierno del PT no fue capaz de preservar los niveles de probidad que caracterizaron la gestión de sus gobiernos estatales.

Farid Kahhat, analista internacional y catedrático de la PUCP