El empresario prefiere guardar el anonimato, pero no duda en señalar con su dedo índice el titular del diario económico El Cronista Comercial, del pasado 4 de enero, un día después del pago de 9 mil 500 millones de dólares a las arcas del FMI que canceló de un plumazo la deuda argentina con ese organismo de crédito: “La Argentina ya le pagó al FMI, pero todo sigue igual”, dice el titular de portada, bajo un sumario que sostiene: “El gobierno se queda sin un auditor externo y también sin su principal chivo expiatorio”.

El gobierno peronista de Néstor Kirchner, quien hizo de sus críticas al FMI una política de Estado, pagó hasta el último centavo de su deuda con la entidad de crédito más cuestionada del mundo en desarrollo y que había adoptado a Argentina como su “niña mimada” en los años 90, cuando el expresidente Carlos Menem se enorgullecía de mantener “relaciones carnales” con Washington y cumplía a rajatabla las políticas del FMI durante la era de las “privatizaciones” y la “convertibilidad” (un dólar igual a un peso).

El pago, a través de un giro de unos 9 mil 500 millones de dólares que hizo el Banco Central con las reservas del Tesoro, se formalizó el pasado 3 de enero, haciendo realidad un sueño que obsesionó al presidente argentino desde que asumió el poder, el 25 de mayo del 2003: desembarazarse de las “garras” del FMI.

“Esto nos permitirá ganar grados de libertad”, dijo un eufórico Kirchner al hacer el “histórico” anuncio oficial a mediados de diciembre en la Casa Rosada. Por lo pronto, se quitará de encima las evaluaciones trimestrales del FMI y las continuas presiones para un mayor ahorro fiscal y un aumento de tarifas exigido por las trasnacionales dueñas de la concesión de los servicios públicos.

El presidente argentino siguió así los pasos de su socio y amigo, Luiz “Lula” da Silva. Pero Brasil debió sacar más dólares de su billetera: pagó pocos días antes al FMI unos 15 mil millones de dólares.

Los dos países presentaron el pago casi simultáneo como un hecho histórico, aunque paradójicamente el mismo organismo de crédito había recomendado el “desendeudamiento” de las naciones que integran su cartera de clientes con las deudas más abultadas. “¿Cuál de las partes quedó entonces más satisfecha?”, se preguntó el empresario.

Hoy, los dos mayores socios del MERCOSUR no le deben un solo centavo al FMI, aunque ambos deben hacerse aun cargo de una deuda pública de 115 mil millones de dólares ante tenedores de bonos, en el caso de Argentina, y de más de 200 mil millones de dólares, en el de Brasil. El gobierno de Buenos Aires debe además cancelar otros 20 mil millones de dólares a acreedores privados que se negaron a una “quita” del orden del 50% cuando el país salió de su cesación de pagos en 2005 y que hoy se encuentran en un “limbo” jurídico.

La decisión del gobierno argentino fue fuertemente criticada por la oposición. "No es que no le pagamos más, es que le pagamos todo al Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que tiene que entender toda la sociedad porque es la que está haciendo el sacrificio. Es como cuando te liberas del usurero, pero tus hijos comen menos", dijo la diputada nacional de centroizquierda Elisa “Lilita” Carrió, fundadora de la Afirmación para una República Igualitaria (ARI).

Desde la vereda ideológica opuesta, el expresidente Menem atacó también a Kirchner: "El gobierno actúa en este asunto como la zorra de la fábula. Después de haber intentado llegar a un acuerdo con el FMI, de haber solicitado sin éxito ayuda para ello a otros países (Estados Unidos y España) hace este anuncio porque ha comprendido que no puede cumplir con las condiciones” del organismo, dijo.

Pero los argentinos desoyeron las críticas, a juzgar por varios sondeos de opinión. Según un trabajo de la encuestadora Hugo Haime y Asociados, el 65% de los consultados respaldó la medida, al considerar que beneficia al país, contra sólo un 12%, que estimó que resultaba perjudicial. El 16% opinó que “ni beneficia ni perjudica” y el resto se negó a responder.

Otro sondeo, publicado en el diario Clarín on line, reveló que, para el 30.6% de los argentinos, el pago de la deuda al FMI representó el principal logro del gobierno durante 2005. Incluso, los consultados parecen tener una gran confianza en Kirchner: el 66.4% cree que el gobierno logrará recomponer las reservas del Tesoro giradas al FMI en sólo un año, como afirma el mandatario. “Esta deuda ha sido la más condicionante y un vehículo de intromisiones” constantes, dijo Kirchner, quien ahora tendrá las manos libres para aumentar el gasto público y destinar hasta 22 mil millones de pesos (unos 7 mil 500 millones de dólares) en inversiones en los próximos tres años, aunque los economistas ponen el ojo en el riesgo de una escalada en la inflación que, en 2005, cerró en 12.3%, índice que le quita el sueño a más de un miembro del gabinete.

El Fobaproa argentino

Alejandro Olmos Gaona está decidido a llevar el tema de la deuda externa argentina ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para declararla “ilegítima”. Quiere por primera vez plantear la cuestión de la deuda a nivel internacional, aunque ya no pueda evitar el pago al FMI.

Este historiador, de 57 años de edad, escucha hablar en la mesa familiar sobre la deuda externa argentina como un tema recurrente desde que tenía 34 años. Su padre, que se llamaba igual que él y que murió en abril de 2000, pasó gran parte de su vida investigando el origen fraudulento de una deuda externa que, según dice hoy su hijo, “ya se pagó tres veces”.

Olmos no abandonó jamás esta cruzada familiar y se prometió denunciar la “ilegitimidad” de una deuda por la que su padre se enfrentó con la dictadura (1976-83) y con todos los gobiernos democráticos que la sucedieron y que siguieron “pagando, pagando y pagando... y seguimos debiendo cada vez más”, asegura en entrevista con Apro.

Olmos afirma que, en democracia, el manejo de la deuda argentina fue peor llevado que durante el régimen militar, y se muestra “indignado” por el giro que le ha dado al tema el presidente Kirchner. “Siento una gran indignación”, resume.

La historia es conocida: cuando la dictadura tomó el poder, el 24 de marzo de 1976, la deuda externa argentina era de 7 mil millones de dólares. Siete años después, en 1983, se había multiplicado hasta 35 mil millones. La democracia no pudo poner freno al endeudamiento constante y ya nada pudo detener su crecimiento.

“En 1993 la deuda ya era de 63 mil millones. Entre 1993 y 2004 se pagaron 140 mil millones, pero en ese último año se debían 191 mil millones de dólares (tras la “quita” quedó en 115 mil millones). Algo que un simple contador sabe que es absolutamente imposible”, afirma Olmos. “Por eso digo que la deuda se pagó tres veces y toda la deuda que hay es ilegítima”, añade.

“No puedo creer que se tenga una conciencia tan bastarda de país y sigamos sometidos a esta estructura. Pagamos, pagamos y pagamos y seguimos debiendo. Es una ficción decir que se pagó porque se sigue debiendo 139 mil millones (los 115 mil de la deuda documentada tras la “quita” sumados a los alrededor de 20 mil que quedaron fuera de esa operación, más intereses). Ahora se van a emitir bonos de títulos de deuda. O sea, se paga deuda con más deuda”, indica.

El padre de Olmos inició su trabajo sobre la deuda externa en 1982, en plena dictadura, y su hijo lo siguió tras su muerte, en 2000. Desde el inicio de la investigación, las denuncias pasaron de juzgados hacia el Congreso, pero nunca llegaron a nada. Una auditoria del Banco Central ordenada durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-89) detectó que “la mayor parte de la deuda privada era ilícita y fraudulenta, y estaban implicadas las principales empresas del país. La auditoría fue archivada y sepultada”, dice Olmos.

El juez federal Jorge Ballestero dictó un fallo en 2000 “diciendo que la mayor parte de la deuda era fraudulenta, con la complicidad del FMI y el Banco Mundial”, agrega. El magistrado giró la causa al Congreso, donde el diputado peronista Mario Cafiero fracasó en su intento de crear una comisión investigadora.

Olmos, tras varios reveses por prescripción de algunas causas logró, sin embargo, que se activara un proceso sobre la deuda externa contraída tras la caída de la dictadura, en especial en la década “menemista”.

“Y a través de una búsqueda ardua conseguí pruebas espeluznantes. La deuda de la democracia es peor que la de la dictadura. Se firmaron contratos que ni el régimen militar se animó a firmar. En uno de los contratos se insertó una cláusula que sostenía que si el acuerdo fuera declarado nulo o ilícito, el gobierno renunciaría a pedir su nulidad o a denunciar su ilicitud. Además, por disposiciones de Estados Unidos, Argentina tenía que contar con un dictamen de asesores legales estadunidenses. Y eran todos idénticos, porque el dictamen madre se hizo en el Citibank. Se repetía siempre el mismo”, sostiene Olmos.

Y agrega: “La deuda que reclama el FMI es una deuda íntegramente fugada por 520 empresas; la plata que vino del Fondo se la llevaron al exterior. Estas compañías iban al Banco Central y compraban dólares a una relación de uno a uno (gracias a la política de convertibilidad) y los enviaban al exterior. Se llevaron 16 mil millones de ganancias y declararon impuestos por 2 mil 500 millones. Después, cuando se devaluó la moneda en 2002, nos quedamos sin nada”.

Olmos asegura que “la mitad de la deuda pública es deuda de grandes empresas que fue estatizada. Por eso debemos llamar a Renault, a Citibank, a (la compañía argentina) Perez Companc y decirles: estamos pagando por ustedes; devuélvannos la plata”.

Olmos se unió al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel para presentar, junto con organismos defensores de derechos humanos, un recurso de amparo para trabar el pago al FMI, pero fracasó. “Esto fue inconstitucional. No se han hecho investigaciones ni auditorias para determinar responsabilidades. Hace cinco años que el juez Ballesteros pidió al Congreso que investigue, pero se sigue pagando la deuda. Por eso decimos que todo esto es ilegítimo. Esta deuda esta viciada”, dice a Apro Pérez Esquivel.

“Nosotros no somos deudores, somos acreedores, porque son préstamos ilegítimos, muchos de ellos durante la dictadura, y que fueron dados a empresas trasnacionales, a sucursales en el país, y que después los gobiernos de turnos estatizaron. Primero deben pagar una deuda social con el pueblo”, señala.

Olmos agrega: “Vamos a llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington y plantearemos por primera vez el tema de la deuda externa a nivel internacional”.

Kirchner, más sosegado, sonríe cada vez que le mencionan al FMI: sin presiones ni auditorias trimestrales, está cada vez más convencido de que el camino a su reelección en 2007 quedó allanado definitivamente. Su popularidad --de 70%, según sondeos coincidentes, después de tres años de crecimiento económico de 9% en promedio-- vaticina otros cuatro años más de “kirchnerismo” en la Argentina.