Estábamos viajando hacia Humahuaca, un conocido pueblo de unos 6,000 habitantes a 1,600 kilometros de Buenos Aires, cuando nuestro guía nos avisó que algo estaba pasando delante nuestro en la ruta. Levantando la mano, mostró una larga fila de autos y buses de turismo que estaban parados bajo el sol del desierto. Había dos posibilidades, dijo: o había un accidente, o había piqueteros.

Cuando llegamos al final de la fila y preguntamos qué estaba pasando, nos enteramos que la ruta había sido cortada indefinidamente por piqueteros. Los manifestantes reclamaban más agua para los terrenos que habían recibido del gobierno, que según ellos sólo tenían un grifo de agua potable.

Caminé hacia la valla. Un comité informal de turistas argentinos, italianos y alemanas estaba intentando convencer a los piqueteros de que nos dejaran pasar.

En un momento dado, una turista argentina se bajo de un automóvil y comenzó a gritarle a los piqueteros: ''¡Acábenla! Déjenos pasar!''. Otra turista argentina le replicó: Hay que entenderlos. Tienen razón!''. La primera respondió: ¿Por qué se la agarran con nosotros? ¡Que se la agarren con el gobierno!. La segunda nos dijo a quienes observábamos la escena: Si, pero las dos partes tienen razón''.

No había policía y, según me informaron, tampoco podría esperarse que vinieran los agentes. En este país de grandes bandazos políticos, el clima ''progresista'' del momento es de rechazar cualquier enfrentamiento que recuerde aunque sea remotamente a las violaciones de los derechos humanos de la dictadura de la década de los setenta. Los piqueteros frecuentemente cierran el paso en el centro de Buenos Aires, sin que se les acerque la policía.

Tras esperar bajo el sol ardiente casi una hora, decidimos dar media vuelta y regresar. Quizás, algún día pueda conocer la ciudad de Humahuaca.

¿Qué hay de especial en esta historia?, se preguntarán muchos. ¿Acaso no hay cortes de ruta en casi toda Latinoamérica y hasta en países como Italia y Francia?

Lo que es diferente es que en Argentina, el gobierno frecuentemente financia a los piqueteros, ya sea en un esfuerzo por acallarlos, o --como sospechan muchos-- para utilizarlos como fuerzas de choque contra enemigos políticos o empresariales.

''Argentina es el único país que conozco donde el gobierno financia la protesta social'', me señaló Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios Nueva Mayoría. ``Eso no ocurre en México con los Zapatistas, ni en Brasil con los Sin Tierra''.

Efectivamente, tras el colapso económico argentino del 2001, el ex presidente Eduardo Duhalde lanzo un programa de subsidios de unos $50 por mes para casi 2 millones de jefes de hogar. La idea era ayudar a los más necesitados, y tratar de terminar con los cortes de rutas. Los subsidios han continuado, y según muchos críticos se han expandido con otros programas sociales, bajo el presidente Néstor Kirchner.

Según los estimados de Farga, un 90 por ciento de los subsidios son distribuidos por el gobierno y autoridades locales, a cambio de votos. El otro 10 por ciento va para líderes piqueteros, que los distribuyen entre sus seguidores, lo que ha generado un sector de piqueteros pro gobiernistas.

Aunque la economía argentina se ha recuperado enormemente en los últimos tres años, y el gobierno ha prometido reducir los subsidios, nada parece haber cambiado. Los seguidores de Kirchner dicen que no se puede cortar abruptamente los subsidios sin producir más pobreza, ni reprimir violentamente a los piqueteros sin crear un círculo vicioso de violencia.

El saldo final es que los piqueteros son los dueños de la calle en Argentina, y los subsidios permanecen incólumes a pesar de la recuperación económica. El dueño de un restaurante en el pueblo norteño de Pumamarca me dijo que tiene dificultad en conseguir empleados, aunque está ofreciendo unos $200 por mes de salario. ''Mucha gente puede conseguir dos o tres subsidios por grupo familiar, o hacerse piqueteros, y prefieren eso a un trabajo en serio'', señaló.

Mi conclusión: Argentina necesitaba un programa de subsidios de emergencia para paliar la crisis en el 2001, pero cuatro años después los subsidios se han convertido en una peligrosa arma de control político, y en una receta para el atraso económico.

Y me temo que no se puede ser muy optimista de que Kirchner los reduzca significativamente en un futuro próximo: si no lo hizo en el 2005, cuando la economía llegó a su pico más alto, difícilmente lo hará en el 2006, cuando todos los pronósticos apuntan al inicio de un ciclo de crecimiento menor.