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28/02/2011 | Argentina- A un paso del Heil Cris

Roberto Cachanosky

Moreno sancionó a una consultora privada por elaborar un índice de precios que no le gusta. Su argumentación es insostenible, pero lo que es más grave no es el nivel de inflación que se debate, sino que estamos a un paso de la tiranía.

 

La semana pasada, el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno multó a la consultora de Orlando Ferres por difundir su propio Índice de Precios al Consumidor. En rigor, arrogándose poderes que no le corresponde, ya había amenazado a varias consultoras exigiéndoles información sobre cómo hacen sus índices de precios. Pero ahora dio un paso más y decidió pasar a la acción multando a la mencionada consultora.

No soy yo quien tiene que defender a Orlando Ferreres, a quien considero un amigo y muy buen profesional, ya que Orlando es lo suficientemente grande y capaz para defenderse solo, pero sí considero mi deber defender la libertad de ejercer todo industria lícita y de libertad de expresión. Los argentinos no podemos tolerar actos como el que acaba de llevar a cabo Moreno si es que tenemos un mínimo de dignidad como personas y como gente que quiere de la Argentina una patria libre de toda tiranía.

Veamos los hechos. Según informan los medios, Moreno decidió sancionar a la consultora de Ferreres por difundir un IPC que considera que está mal hecho e induce a la confusión. Para eso recurre al artículo 9 de la ley 22.802, conocida como Ley de Lealtad Comercial sancionada durante el último gobierno militar. Dato que no es menor para un gobierno que se empeña en señalar que todos los dramas argentinos comenzaron el 24 de marzo de 1976. Es decir, se escuda en una ley del gobierno militar al que dice detestar.

¿Qué dicen el artículo 9 y 9 bis de dicha ley que es el artículo que usa Moreno para aplicar la sanción y presionar a las consultoras?

A continuación copio textualmente el nombre del capítulo de la ley y el artículo:

CAPÍTULO III
De la publicidad y promoción mediante premios
ARTÍCULO 9º — Queda prohibida la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de comercialización o técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o servicios.
ARTÍCULO 9º bis — En todos aquellos casos en los que surgieran del monto total a pagar diferencias menores a CINCO (5) centavos y fuera imposible la devolución del vuelto correspondiente, la diferencia será siempre a favor del consumidor.
En todo establecimiento en donde se efectúen cobros por bienes o servicios será obligatoria la exhibición de lo dispuesto en el párrafo precedente, a través de carteles o publicaciones permanentes, cuyas medidas no serán inferiores a 15 cm por 21 cm.


El mencionado artículo se refiere a que la publicidad no debe ser engañosa. Que si uno dice que vende dulce de leche, efectivamente sea dulce de leche. Que si uno dice que un producto es italiano, sea italiano.

Ahora bien, supongamos que una consultora elabora ese índice y no lo vende sino que simplemente lo publica, ¿qué parte del artículo 9 está violando la consultora? Pero supongamos que efectivamente lo vende a sus clientes. Para determinar si ese índice privado es engañoso alguien tiene que establecer las pautas para decir que es engañoso. ¿Quién es ese alguien? ¿El INDEC que ha caído en total descrédito nacional e internacional? ¿El mismo que acaba de informar que en enero de este año que cada miembro una familia compuesta por un matrimonio y dos hijos de 5 y 8 años puede desayunar, almorzar, merendar y cenar por $ 4,84 por día sin desnutrirse? ¿El mismo INDEC que fue duramente cuestionado por 5 universidades nacionales que elaboraron un informe sobre el funcionamiento de esa institución? ¿El mismo al que un juez ignoró cuando tuvo que establecer un ajuste utilizando índices privados?

Hasta que el INDEC fue tomado por asalto, los partes mensuales de prensa del IPC incluían los precios que se habían tomado para diferentes productos de la canasta familiar. Por ejemplo, en el informe de prensa que daba los datos del IPC de septiembre de 2006 se puede ver que informaba los precios del pan francés ($ 2,64 por kilo y el precio del mes anterior con la variación correspondiente). O el precio del arroz blanco simple ($ 2,48 el kilo) o del jamón cocido ($ 21,62 el kilo), etc. Es decir, no se daban solo las variaciones si no que en forma transparente se publicaba cuál había sido el precio tomado por los encuestadores para determinar la variación.

En los actuales partes de prensa del INDEC esos precios no figuran. Solo se informa de manera muy acotada la variación porcentual de algunos pocos productos (10 productos como máximo). De manera que, si para poder decir si un IPC privado está mal habría que comparar, entre otras cosas, los precios que toma el INDEC que no informa, con los precios que toman los estudios privados. Esos datos no están disponibles en el informe del INDEC y, por lo tanto, la pregunta es: ¿cómo sabe Moreno que los precios que tomaron las consultaras privadas inducen a la confusión si ellos no publican los precios que toma el INDEC? ¿Y por qué no publica el INDEC los precios que toma para elaborar el IPC como se hacía antes? Porque moverían a risa y Moreno haría el ridículo ante la población cuando la gente comparara los precios oficiales de los alimentos que se usan para hacer el IPC y los que toma el sector privado.

Para ser creíble el accionar de Moreno, primero debería publicar los precios del INDEC y compararlos con los que usa el sector privado. Si hiciera ese ejercicio tal vez se descubriría que el que mueve a confusión y engaño es el gobierno y no el sector privado. Que Moreno vaya a convencer a Moyano que la inflación fue del 10% anual y que ese sería el aumento de salarios que deberían pedir los gremios para recuperar la erosión de los ingresos por la inflación.

Es más, entre los cables de Wikileaks hay uno en el cual se informa que ante las elecciones generales del 2007, algunas entidades financieras aceptaron dar créditos baratos para mejorar la imagen de Cristina Fernández de Kirchner (recuerde el lector los famosos créditos hipotecarios para inquilinos). Según dichos cables, algunos funcionarios de bancos afirmaron que “el Ejecutivo argentino sólo quería los titulares de prensa y prometió no comprobar si los préstamos habían sido concedidos (la negrita es nuestra). De demostrarse esta información, mueve a risa, o preocupación, que un funcionario de este gobierno saque a relucir la bandera de la lealtad comercial invocando el artículo 9 de la ley de lealtad comercial.

Es más, aún si una consultora vendiera un IPC propio, y no se ajustara a la realidad, el comprador del informe los dejaría de adquirir por inservible. Es como si alguien vendiera un yogur de mala calidad. La gente no lo compraría. Pregunta, ¿qué dice que está prohibido que un privado elabore su propio IPC y lo venda? ¿Qué ley dice que el INDEC tiene el monopolio de su elaboración y el monopolio de la verdad en la forma en que lo calcula?

A riesgo de parecer como víctima, un par de años atrás, cuando el hoy antikernerista Martín Redrado era presidente del BCRA me hizo enviar una carta documento del departamento legal de dicha institución por decir públicamente que los datos que estaban dando de las reservas propias no eran ciertos porque en ellas se incluían encajes que tenía en dólares que no son un activo del Central y que buena parte de las reservas se había comprado contra deuda. De manera que no es el primer caso de apriete en la era kirchnerista contra los economistas que informamos a la población sobre los artilugios estadísticos que usa el gobierno para mostrar una realidad económica muy diferente a la que vivimos.

Tal vez mañana, los economistas que decimos que no hay superávit fiscal, sino que hay déficit porque se computan como ingresos corrientes utilidades ficticias también seamos acosados por algún funcionario público, y así seguiremos hasta que solo puedan hablar los que dicen que este es un gobierno maravilloso, que no hay inflación, que hay superávit fiscal, que crecemos a tasas chinas cuando no es cierto, que no hay pobreza, ni indigencia o inseguridad.

El ataque a los medios de comunicación es un claro ejemplo del intento por silenciar a quienes no están de acuerdo y lo de Moreno es parte de esa estrategia.

De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, tiranía es definida en su segunda acepción como “abuso o imposición en grado extraordinario de cualquier poder, fuerza o superioridad”. Desde mi punto de vista, cuando alguien llega al poder por el voto y luego utiliza el monopolio de la fuerza para violar los derechos de terceros, abusando de dicho poder, fuerza o superioridad, se pasa de una democracia a una tiranía.

Me parece que los argentinos estamos dejando pasar demasiados actos de abuso del poder y cuando nos queramos acordar, podemos terminar en una tiranía, donde para saludar tendremos que levantar el brazo derecho y gritar HEIL CRIS, so pena de ser declarados traidores al modelo de inclusión social y a la patria nacional socialista.

Que quede en claro, acá no está en discusión si la inflación es del 10 o del 30 por ciento. Acá están en juego los más elementales derechos de los argentinos.

Economía Para Todos (Argentina)

 


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