En México existen “malas costumbres que han echado raíces” y la profundidad con la que ha penetrado la corrupción en la sociedad “es un problema que debemos abordar frontalmente y superarlo”, dijo.

La iniciativa de ley prevé sanciones severas contra los corruptos y con quienes pretenden corromper para evadir requisitos y “ganar indebidamente una licitación”, o quienes funcionen como prestanombres de otros.

El monto puede alcanzar hasta 30 por ciento del valor del contrato que se obtuvo de manera irregular y estarán impedidos para volver a participar en contrataciones públicas durante ocho años.

Esto, dijo Calderón, será “mucho más efectivo” para combatir la corrupción, toda vez que se hará a través de procedimientos simples y expeditos.

La iniciativa faculta a los tres Poderes de la Unión, al Instituto Federal Electoral, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Banco de México, entre otras instituciones, para sustanciar y resolver las investigaciones, así como para imponer las sanciones.

El gobierno federal buscará modificar la Ley de Responsabilidades Administrativas en el Sector Público para hacer más sencilla y más segura para los ciudadanos la denuncia de actos de corrupción.

Además de “estímulos económicos” para los denunciantes. “Vamos a recompensar a los ciudadanos honestos, y comprometidos, que denuncien actos de corrupción”, dijo Calderón, porque acudir a la ciudadanía es una “herramienta eficaz”, tanto en el sector público como en el privado.

Mejorará la supervisión del patrimonio de los servidores públicos y se “impedirá” que existan incrementos inexplicables y en cuando se detecten, que el Estado cuente con herramientas eficaces para que la falta no quede impune, dijo el mandatario federal.

- Claves

El objetivo

• El mandatario aseguró que las medidas buscan apoyar la competitividad de la compañía responsable y seria, y castigar a los malos empresarios, porque “no podemos permitir que ningún contrato tenga lugar fuera de la ley”.

• A principios de la década entró en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En 2007 el derecho al acceso a la información se elevó a rango constitucional.