Un sonido sordo; seco. Un disparo. Otro. Fuego cruzado. Seis huidos; dos muertos. Una familia afectada y una población entera aterrada. Canals se levantó convulsa el pasado día 5. Era el cuarto atraco que se producía en las últimas semanas. Como elemento añadido, en éste, hubo víctimas mortales. «Cayeron dos de los malos». Pero, ¿y si hubieran sido los buenos?

La actividad delictiva, itinerante en la mayor parte de sus formas, ha montado un asentamiento en nuestro país. Madrid y Barcelona son las urbes en las que vivir anónimamente. Levante y la Costa del Sol, las zonas en las que actuar. En España operan alrededor de 300 organizaciones criminales. El 45 por ciento de ellas ha extendido sus tentáculos a la Comunidad Valenciana. ¿Por qué? Porque el fluido negocio inmobiliario permite comprar chalés de lujo para blanquear dinero sin levantar sospechas; porque la elevada tasa de turistas hace que la prostitución (en su mayoría de países del Este) sea un reclamo; porque la existencia de casas de segunda residencia deja vía libre a los grandes cacos; y, así, se podrían citar un sinfín de motivos que la Policía y la Guardia Civil se tienen aprendidos a pies juntillas.

El Levante se ha convertido en una «isla para el delito». Los integrantes de las bandas lo saben. Hay vigilancia, pero menos que en otros sitios. Así, por ejemplo, en Canals, localidad de 15.000 habitantes en la que se ha detenido a un grupo de islamistas, desmantelado un red de trata de blancas y robado con intimidación en muchos chalés, hay 10 agentes de la Guardia Civil. Diez personas para controlar a la población de once pueblos. Es decir: 35.000 personas más la población flotante (la que está de paso) que no aparece recogida en ningún padrón. Si a la escasa plantilla de este cuerpo sumamos que el porcentaje de faltas se ha incrementado un 42 por ciento en el último año, obtenemos como resultado el binomio más imperfecto.

Canals, municipio valenciano, no es una excepción en la zona. Joaquín Parra, del Asigc (Asociación simpatizante de la Guardia Civil), asegura que, en términos cuantitativos, «Alicante es la zona donde hay mayor actividad criminal de toda España. Ni Málaga ni Madrid o Barcelona. Alicante tiene una concentración de mafias que reventará en algún momento. Y nosotros lo hemos advertido», amenaza.

Parra, miembro de la Policía Judicial de la Guardia Civil, tiene esquematizado cómo son y cómo actúan dependiendo, por ejemplo, de sus nacionalidades. «Lo más grave -dice- es que funcionan como empresas. Son organizaciones muy jerarquizadas, en las que asumen riesgos muy altos porque, en caso de obtener beneficios, también son muy altos. Nosotros tenemos datos suficientes para pensar que cada integrante de un grupo criminal gana 150.000 euros, más o menos. Y hablo de los que son de baja... Vamos, que no me refiero a los grandes narcos, que, evidentemente, sacan más». La estructura «está muy bien montada», afirma Parra. «Si los pillan, ¿cuánto tiempo están en la cárcel? ¿Dos años, tres? Durante el periodo que esté en prisión, otro ocupa su lugar y, se acabó». Es como en la camorra italina. Nadie es insustituible. Ni «il capo dei capi».

El dinero, obviamente, se blanquea; se invierte. «El dinero sucio, cuanto menos tiempo esté en las manos, mejor», dice.

La ingenuidad y los prejuicios hacen incurrir en errores al imaginario colectivo. El más común de todos es pensar que la mayor parte de las organizaciones criminales que operan en nuestro país son de otros países: del Este, de Sudamérica... Para sorpresa de muchos, hay que decir que casi todos los grupos son mixtos. Y que el 44,6 por ciento de las personas que los integran son de nacionalidad española.

Delincuentes patrios. Son precisamente los delincuentes patrios los que ocupan un puesto más privilegiado en la estructura piramidal que rige en estos grupos. Otro de los fallos que se cometen es pensar que todos los grupos delictivos se dedican a todo; lo abarcan todo. Se podría decir que existen unos mandamientos que responden al «Dime de dónde eres y te diré cómo delinques». Esta afirmación es un reflejo fiable de la realidad. O al menos eso piensa Parra, del Asigc, que afirma que «cada uno tiene habilidad para unas cosas». Por ejemplo, ironiza con la falta de minuciosidad y de seguimiento de los marroquíes y los argelinos, «ciudadanos que casi nunca perpetran un robo estudiado. Ellos son más del aquí te pillo, te pego el tirón al bolso y ya está».

La radiografía delictiva quedaría, por tanto, y según el último informe de delincuencia organizada, de la siguiente manera:

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  Blanqueo de capitales: nacionalidad colombiana. Modus operandi: grandes inversiones en propiedades inmobiliarias; compras masivas de obras de arte; envíos continuos a través de locutorios telefónicos, locales que tienen a la propia organización detrás. El perfil de los blanqueadores es de personas con gran poder adquisitivo, que cambian de casa con frecuencia, cuya actividad legal es completamente desconocida.
• Tráfico de seres humanos: países del Este, Suramérica y Suráfrica. Los mayores implicados, cuando se trata de tráfico ilegal de inmigrantes, son los marroquíes, por un lado, y los nigerianos, cameruneses..., es decir, los países de donde parte la inmigración ilegal. Existen guetos, a lo largo de todo el recorrido, en los que, previo pago, se aloja a los inmigrantes. Allí suelen proporcionarles pasaportes o documentos de países como Mali para evitar los controles policiales.
• Delitos contra las personas: colombianos, ecuatorianos, rusos, rumanos.
• Robos con fuerza: albaneses, rumanos y otros nacionales de países de la antigua Yugoslavia. A veces, roban en polígonos. Cuando roban en casas, atemorizan a los moradores hasta que les dan las joyas y las llaves de los vehículos de gran cilindrada.
• Falsificación de moneda: lituanos y búlgaros. Penetran en la Unión Europea; ya traen la moneda falsificada de sus países. Una vez han entrado en la zona común la distribuyen entre diferentes países. Utilizan la técnica «offset» que da mucha calidad a las falsificaciones.

Alicante, en particular, y la Comunidad Valenciana, en general, son dos de las zonas más castigadas con una alta actividad criminal. Están tomadas; son zonas de tránsito, lugares para delinquir. «Si desmadejamos las tramas, -afirma Parra- la pista siempre parte de Madrid. Valencia vive secuestrada -y no parece ser un secuestro exprés- por los delincuentes».