Aunque se puedan concebir muchos cálculos, urdidos con el hilo de los problemas de política interior y de los posicionamientos para los intereses petroleros en la Libia de mañana, lo que está en juego en la intervención supera esos juegos cínicos y acabará por desbordarlos.

Ha hecho falta intervenir en primer lugar para evitar una masacre de la población civil de Bengasi por parte de Gadafi, quien se lo había prometido y a la que había dado ejemplo en las ciudades que sus partidarios habían vuelto a sitiar. Se ha evitado sencillamente un nuevo Ruanda. La onda de choque democrática que por fin atraviesa el mundo árabe y que suscita ya en su contra la alianza sagrada de todos los regímenes dictatoriales, de Arabia Saudí a Libia, habría encontrado además un potente obstáculo en la derrota de los insurgentes libios. Eso no es secundario, puesto que las masas se sublevan en el mundo árabe no contra unos regímenes que son la expresión de la voluntad popular, sino contra unos poderes que violan sistemáticamente su derecho a elegir democráticamente su destino. En Libia, el principal obstáculo para el ejercicio de la soberanía popular es el régimen dictatorial de Gadafi.

Por último, y esa precisión no es secundaria, la intervención no es una guerra ofensiva, puesto que no pretende atacar deliberadamente a un adversario definido como enemigo de las potencias involucradas contra él. Es el Consejo de Seguridad de la ONU el que ha dado la autorización, a unos países que se han declarado dispuestos a asumir la responsabilidad, de intervenir para proteger a unas poblaciones civiles amenazadas por unas fuerzas de destrucción militar incomparablemente más potentes.

El mandato de la resolución 1973 es muy claro: creación de una zona de exclusión aérea, protección de las poblaciones civiles amenazadas. Todo eso, y nada más que eso. La dirección política de las operaciones, contrariamente a lo que algunos pretenden, queda en manos del Consejo de Seguridad, de las potencias interventoras y de la Liga Árabe. La OTAN participará probablemente en esta operación, pero es el precio que EE UU y sus aliados querrán hacer pagar a Francia para implicarla aún más, tras su vuelta a las estructuras militares de esta organización, en el seno militar occidental. Sobre este asunto, hay que decir que Francia tiene toda la razón; hacer participar a la OTAN es mandar una muy mala señal a la opinión pública árabe y, tarde o temprano, puede actuar contra la escalada de las luchas democráticas. Las posturas de Turquía, Rusia y China están dictadas de manera muy directa por sus intereses económicos, sin tener en cuenta la voluntad democrática del pueblo libio. El embajador ruso en Trípoli, que acaba de ser llamado a consultas en Moscú, lo ha declarado sin ambages, al subrayar que la abstención rusa en el Consejo de Seguridad costará "miles de millones" a los intereses rusos en Libia. ¡Está claro que el destino de la democracia en el mundo árabe es la última preocupación de este señor!

Queda el problema de fondo: ¿Cómo acabará esta intervención? Todo dependerá de la capacidad de las fuerzas insurrectas para retomar la iniciativa sobre el terreno. Para las potencias implicadas, cuanto más rápido salgan de este avispero, mejor será, puesto que el riesgo de hundimiento es real, y Gadafi utilizará todos los medios a su alcance, incluso la guerrilla. Hay pues que hacer todo para ayudar a las fuerzas democráticas con el envío de armas y la transmisión de informaciones para permitirles avanzar sobre el terreno. Actualmente, Francia afirma que unos parientes de Gadafi estarían dispuestos a abandonarle, cosa que abriría una posible vía de negociaciones. Hay que explorar esta pista, pero sin demasiadas ilusiones, puesto que hay que tratar con un poder tribal, en el que la lógica de las solidaridades tribales supera con frecuencia la racionalidad de los cálculos políticos. Hay que hacerlo todo, por último, para evitar una división de Libia, pero si esta solución acabara prevaleciendo, la ONU debería entonces imponer unas fuerzas de interposición.