Todo cambio requiere innovación; es decir, introducir novedades o modificaciones en una organización para adaptarla a las circunstancias y a las nuevas demandas sociales que la conduzcan con mayor eficiencia a lograr la efectividad necesaria para la solución de problemas como es el de la inseguridad.
El liderazgo visionario que debe inspirar y guiar este proceso debe también generar confianza impidiendo todo tipo de entorpecimiento a la labor profesional de los miembros de la organización, pero sobre todo con rendición de cuentas.
Esta es la idea que se transmitió al imaginario social, cuando se transforma a la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES) en Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO); sin embargo, dos hechos provocan gran disonancia cuando al mismo tiempo que se advierte la posibilidad de desparecer a la ULCO o fusionarla con otra unidad como la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial (UIAT); se produce un hecho de enorme impacto como es el pronunciamiento del Presidente, cuando por motivaciones políticas, inculpa a Gustavo Larrea, uno de sus ex ministros de coordinación de seguridad interna y externa, como “vinculado con las FARC”.
Se quiera o no, se está aportando serias evidencias sobre un sector del régimen gubernamental como simpatizante con las FARC. Si en ese sentido se puede interpretar la afirmación presidencial.
Dos interrogantes surgen en materia de seguridad ante estas circunstancias que son de dominio público.
La primera, escalofriante, se relaciona con la sincronía del ataque colombiano al campamento clandestino de las FARC en Angostura, el 1 de marzo del 2008 con el II Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana, que se realizaba en Quito entre el 24 y 27 de febrero del mismo año, evento al que como se conoce, Raúl Reyes envió un saludo a los participantes mientras algunos de ellos lo visitaron.
Hay un hecho cierto acerca del tema. Y no es si hubo o no protección o tolerancia con las FARC, lo cual a pesar de varias investigaciones y procesos legales no se ha llegado a una conclusión. Pero lo que sí ha sido claro es que las instituciones y especialmente inteligencia nacional fueron víctimas de los acontecimientos.
En este sentido sardónicamente el Ejército, mejoraría la seguridad fronteriza y como colofón el Gobierno mejora la capacidad operacional de las FF.AA., mediante un gran equipamiento del sistema de defensa.
La otra interrogante está en la seguridad interna, en la reestructuración de la Policía Nacional. Proceso político pendiente, pero que sufre sucesivos cambios, sin que exista una política pública nacional ni parámetros que midan la efectividad, para una responsable rendición de cuentas.
