El viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, dijo en una rueda de prensa que la norma fue promulgada con el fin de “proteger el territorio boliviano”, “evitar el saqueo de los recursos naturales” y “frenar las actividades económicas ilícitas” y el narcotráfico en las zonas fronterizas.

Según la ley, los militares ejecutarán con la Agencia para el Desarrollo de Zonas Fronterizas, dirigida por el ex ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, las políticas que diseñe un “Consejo para el Desarrollo Fronterizo y Seguridad”, formado por seis ministerios.

“En caso de flagrancia (…) las Fuerzas Armadas, a través de los comandos conjuntos, podrán efectuar los operativos aún sin la presencia del Ministerio Público”, agrega el documento.

Entre los delitos que podrán perseguir los militares figuran el almacenaje y comercio ilegal de combustibles y otros productos, y la supuesta complicidad de autoridades o funcionarios públicos.

La diputada opositora Elizabeth Reyes criticó la norma y aseguró que el Ejecutivo de Morales no plantea un verdadero desarrollo de las zonas fronterizas, sino “acaparar el manejo de fronteras con fines políticos y partidarios”.

Comentó que la ley ha “entregado” a Quintana el control de una superficie similar al departamento oriental de Santa Cruz, el más extenso del país, con más de 370.000 kilómetros cuadrados, casi el 34 % del territorio boliviano.

“Por primera vez hay alguien que no ha sido electo por el pueblo que tiene la tuición sobre todo un espacio casi de la misma magnitud que Santa Cruz”, dijo Reyes, y agregó que ese “poder exclusivo” significa que el exministro “también va a manejar y decidir con el Ejército el manejo de las fronteras”.

Los militares, bajo la dirección de Quintana, ya intervinieron en 2010 en operaciones en las fronteras con Perú y Brasil, oficialmente para frenar la explotación ilegal de recursos minerales y bosques.

La ley también permite a los municipios expropiar, “previo pago, las gasolineras situadas a menos de 50 kilómetros de los límites, supuestamente para frenar el contrabando de combustibles.

La diputada opositora Norma Piérola criticó esa disposición porque vulnera el derecho a la propiedad privada y no resolverá el contrabando, porque -dijo- ”el Estado es el peor administrador“ y los militares ya suspendieron antes en el control de ese delito.

Además, la norma dispone la entrega del 20 % de la mercancía decomisada a la persona que revele un contrabando, y un 40 % si el denunciante es un pueblo o una comunidad.