Somos un país notoriamente subdesarrollado a pesar de ser la doceava economía más grande del mundo y en estas circunstancias la pregunta es cual tendría que ser el objetivo primario de la política pública, particularmente en una perspectiva temporal de corto plazo: abatir la incidencia de pobreza o reducir la iniquidad. La otra forma de expresarlo es cuál debe ser el énfasis de la política económica: promover el crecimiento económico o emprender acciones redistributivas del ingreso. Extendiendo un poco más la pregunta: ¿es mayor el nivel de desarrollo económico de un país si el ingreso de la mayor parte de los habitantes aumenta mientras que simultáneamente la distribución del ingreso sigue igual de inequitativa o inclusive más inequitativa? La respuesta a esta pregunta es crucial ya que ello determina el éxito o fracaso de la política global de desarrollo económico.

Empecemos con una política económica que enfatice la redistribución del ingreso. Para ello la política económica, particularmente la tributaria, tendría que diseñarse para quitarle ingreso a los individuos de medios y altos ingresos principalmente a través del impuesto sobre la renta con tasas medias elevadas y con una estructura marginal creciente de estas tasas para transferírselos a los de menores ingresos, normalmente a través de programas de gasto gubernamental que normalmente están diseñados para realizar las transferencias al poder adquisitivo de los individuos de menores ingresos a través de subsidios en el precio de los bienes de una canasta de consumo considerada como básica o inclusive no tan básica así como apoyos, también a través de subsidios, a determinados grupos de productores, como por ejemplo los agricultores.

Algunos comentarios al respecto. Primero, una estructura del impuesto sobre la renta como arriba descrita contiene un alto sesgo en contra del crecimiento económico ya que desincentiva el trabajo, el ahorro y la inversión. Segundo, esta política tributaria termina minando la base de recaudación ya que incentiva la evasión, generando presiones fiscales deficitarias crecientes, las cuales también inhiben el crecimiento. Tercero, una política de subsidios en los precios de los bienes distorsiona los precios relativos y la asignación de recursos en la economía, lo cual implica generar un menor nivel de PIB real con los recursos disponibles. Cuarto, una parte de la recaudación se pierde en la administración burocrática de los programas de gasto gubernamental, lo que implica una destrucción neta de riqueza. Una política económica que enfatice la redistribución del ingreso, al desincentivar el crecimiento económica termina, efectivamente, por hacer a casi todos más pobres sin que se logre de paso una mejora en la distribución del ingreso, aunque el slogan político detrás de esta postura haya sido “por el bien de todos, primero los pobres”.

Por otra parte, tenemos una política que enfatice el combate a la pobreza. Esta se basa en que la economía tiene que crecer de manera sostenida y para ello tienen que generarse los incentivos adecuados los cuales incluyen, entre otros, derechos de propiedad eficientemente definidos y protegidos, mercados de bienes y de factores de la producción competitivos y no distorsionados, mercados internos de bienes y financieros integrados a los mercados internacionales, una política tributaria basada en impuestos al gasto y no al ingreso, finanzas públicas no deficitarias y estabilidad de precios y una política de transferencias directas al ingreso de los individuos o familias más pobres. Una política económica con estas características genera un proceso sostenido de crecimiento económico, mayores empleos y salarios reales crecientes y un abatimiento también sostenido de la pobreza mismo que deriva, aunque no necesariamente en el corto plazo, en una distribución más equitativa del ingreso. Es una política donde casi todos ganan y, por lo mismo, aquí es donde tiene que estar el énfasis de la política económica.