En el prolongado conflicto del Estado con las FARC y el narco, quien más ha sufrido ha sido el campesino. Son hoy varios millones los desplazados, unas 400.000 familias que fueron expulsadas de sus tierras por la contraguerrilla paramilitar, por la propia guerrilla que dirigió hasta su muerte Manuel Marulanda, por las redes del narcotráfico y por latifundistas desaprensivos que pescaban en río revuelto. Las cifras varían entre tres y seis millones de hectáreas arrebatadas a sus legítimos dueños, y el presidente, con su ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, se propone nada menos que restituir con la ley de tierras, y reparar con la de víctimas, a los afectados. Y solo la recuperación de la mitad de ese despojo ya constituiría una revolución democrática.

Las dificultades son, sin embargo, ingentes. El presidente anterior, Álvaro Uribe, que dio un primer paso para la modernización del país aculando a la guerrilla hasta lo más inhóspito de la geografía nacional, cifraba uno de sus mayores éxitos en la desmovilización de unos 31.000 paras. A esa tropa de presuntos arrepentidos se le ofreció una vía de reintegración social en aquellos casos en que no fueran reos de atrocidades, lo que formalmente muchos aceptaron, sin que ello impidiera que varios miles se integren hoy en bandas criminales de narcos -Bacrim, en un idioma que adora los acrónimos- haciendo que los índices de delincuencia escalen de nuevo hacia las escalofriantes cotas de los años noventa. Y si, mientras Santos trabaja en lo social, con todos los intereses particulares que tiene que enfrentar, se le desintegra la seguridad ciudadana, correrá el riesgo de que lo comparen desfavorablemente con su antecesor.

Colombia ha suscrito un TLC con Canadá de próxima entrada en vigor y negocia otro tanto con la UE, pero donde se bate el cobre tanto político como económico es en el acuerdo con Estados Unidos. Firmado el tratado en 2006 y rápidamente ratificado por Colombia, el partido demócrata norteamericano había demorado su puesta en práctica por insuficiencias de la legislación bogotana sobre protección de derechos sindicales y hasta de la integridad física de sus agentes. Santos acordaba por ello la semana pasada con el presidente Obama la eliminación de esas lacras, y en los próximos meses el TLC se mandará al Congreso, donde su aprobación parece mucho más factible que jamás anteriormente. El acuerdo, que prevé desarmes arancelarios para las importaciones de Estados Unidos, favorecerá también, desde una perspectiva neoliberal, a la producción colombiana, pero, sobre todo, es un ancla de la relación privilegiada con Washington que Santos ha insistido en que hay que reequilibrar, lejos de la actitud del limosnero que pasa el platillo en la Casa Blanca.

Ante las elecciones de octubre, no está nada claro que el oficialismo formado por uribistas, posuribistas y santistas vaya a presentar un frente común. Álvaro Uribe está dispuesto a desmentir el bon mot de Felipe González de que los expresidentes son como jarrones chinos que nadie sabe dónde colocar. Él sí sabe: armando su propia coalición para dominar el poder local y eventualmente el legislativo, como necesarios trampolines para una nueva presidencia. En varias ocasiones, el anterior mandatario ha negado que vaya a pujar por la alcaldía, pero no todo el mundo le da crédito. Y, en cualquier caso, una Colombia con Uribe posesionado en la capital sería como un país con dos presidentes. Pero, aún sin llegar a ello, a Santos no puede apetecerle un aliado tan poderoso, con un recuerdo tan fuerte y tan positivo en la opinión.

El santismo, con su macrorreforma, no es un uribismo segunda versión. Por eso es difícil que octubre pueda hacer la síntesis entre tan diferentes ambiciones, porque como dijo el clásico: casa con dos puertas mala es de guardar.