El delito de enriquecimiento ilícito complementa los delitos de cohecho, que reprime el soborno, de peculado, que sanciona la sustracción de dineros o efectos públicos, y de tráfico de influencias, que penaliza el negocio o lucro indebido derivado del abuso de la influencia de un funcionario, porque permite que, a través de la determinación de un injustificado incremento patrimonial del funcionario, puedan detectarse aprovechamientos, dádivas o desfalcos.

En todo caso, debe tenerse presente que en nuestro Código Penal tampoco están tipificados los delitos de tráfico de influencias y de omisión total o parcial de la declaración patrimonial de funcionarios. De esa cuenta, aunque se haga gran alharaca en torno al combate contra la corrupción en el sector público, mientras los actos de corrupción no tengan sanciones severas en la ley penal, los corruptos se seguirán saliendo con la suya.