Si bien estadísticamente poco más de 85% de los mexicanos tiene acceso a agua potable, esa cobertura debe calificarse. Primero, por las diferencias sustanciales que existen en materia de acceso al agua. Segundo, debido a que no toma en cuenta la mala calidad del líquido; de las aguas superficiales de México, sólo una cuarta parte tiene calidad excelente o satisfactoria. Más aún, el rezago de México en materia de tratamiento de aguas residuales es extraordinario, pues sólo poco más de 15% son tratadas, ya que el resto se derrama en las principales cuencas del país causando daños ambientales muy graves. El sector agrícola genera más de 60% de las aguas residuales, que además de cargas orgánicas llevan restos de fertilizantes y plaguicidas. El 28% de las aguas residuales proviene de usos residenciales y sólo 10% de la industria, si bien estas últimas contienen desde componentes orgánicos hasta sustancias tóxicas, incluyendo aceites y ácidos. Estas pinceladas describen con crudeza la magnitud del desastre del agua en México.

Las dificultades para enfrentar dicha tragedia no son de carácter técnico, ya que existen procesos y conocimientos suficientes para resolver prácticamente todos los problemas vinculados con la captación, suministro, distribución, saneamiento y reuso del agua. Los problemas son esencialmente institucionales, esto es, derivan de disposiciones inadecuadas, de organizaciones ineficientes, de incentivos contradictorios o contraproducentes y, sobre todo, de un financiamiento insuficiente. De ahí el interés que reviste el estudio "Financiando agua para todos", producido por un panel del Consejo Mundial del Agua, presidido por Michel Camdessus, ex director gerente del Fondo Monetario Internacional. Uno de los propósitos del próximo Foro Mundial del Agua será analizar y actualizar los planteamientos en materia de financiamiento.

La versión original arranca afirmando que "únicamente los organismos y las autoridades del agua que generen suficientes ingresos podrán operar y mantener sus sistemas actuales, así como atraer inversiones para expandir sus servicios y mejorar su administración". También hace un diagnóstico crudo de la situación actual en materia de financiamiento, pues afirma que "es común que los ingresos derivados de las tarifas del agua cubran sólo una parte de los costos corrientes de los servicios hídricos para viviendas urbanas. Es raro que los ingresos por tarifas contribuyan a los gastos de capital en los esquemas municipales".

Debido a esta situación, con frecuencia las autoridades del agua dependen de subsidios para cubrir sus costos de operación, así como virtualmente todo su gasto de capital para expansión y modernización.

Aunque parezca innecesario, es pertinente subrayar una afirmación del documento, que no por obvia deja de ser fundamental: "Los servicios y la administración del agua son pagados por alguien, siempre e inevitablemente, sean los consumidores (por medio de tarifas que pagan los usuarios) o los contribuyentes (por medio de recursos fiscales) o, en una menor escala, por asistencia bilateral y multilateral. Cerrar el círculo de los ingresos depende tanto de reducir los costos, como de incrementar los ingresos".

Es evidente que, ante la falta de ingresos, las autoridades están permanentemente absorbidas en tratar de resolver la sobrevivencia de los organismos y no pueden desarrollar planes a largo plazo. Por eso el panel considera que la meta ideal a largo plazo es recuperar de los usuarios del agua los costos totales. Sin embargo, reconoce que existen ciertas situaciones cuando esa recuperación completa no es factible, o siquiera deseable en el futuro inmediato.

Por eso acuña el concepto de "recuperación sustentable del costo", modalidad que busca proporcionar al sector agua del sustento financiero que requiere pero que reconoce problemas de capacidad de pago y necesidades de subsidios en algunos casos. Generar ingresos suficientes para la operación del sistema no implica cobrar a todos el costo total del agua que reciben, sino que el pago promedio del conjunto sea suficiente para sufragar la operación, modernización y expansión de los sistemas de agua potable y saneamiento.

Específicamente, afirma que en el esquema de recuperación sustentable del costo "los ingresos provenientes de las cuotas deben ser cubiertos por los usuarios como un grupo", lo cual implica aceptar subsidios cruzados a nivel local.

La experiencia de reformas tarifarias indica que "aumentar los ingresos crea un ´círculo virtuoso´, que conduce a mejoras en el servicio, a la expansión del sistema al crear más ingresos, a la atracción de fondos e inversión extranjeros, y a la liberación de fondos públicos para aquellos propósitos que necesiten subsidios".

Debe subrayarse que las conclusiones reconocen que "incluso la gente pobre... está dispuesta a pagar por el agua, aunque comúnmente los políticos se muestran reticentes a cobrarles tarifas más altas". Además agrega que "las viviendas urbanas son capaces de pagar hasta 5% de sus ingresos en servicios hídricos". Esta conclusión y propuesta recoge experiencias reales: que el agua más cara es la que no se tiene, y que las familias más pobres acaban pagando más por el agua que otras con mayores ingresos, pues gastan por tambos, pipas, y un acarreo en extremo ineficiente.

La disparidad entre ingresos que caracteriza a países como México demanda que un esquema de recuperación sustentable reconozca diferencias entre capacidades de pago, lo que a su vez desemboca en la necesidad de diseñar esquemas de subsidios locales que sean focalizados, transparentes, eficientes y equitativos. Lamentablemente en México estamos muy lejos de lograrlo, por lo que serán pocas las contribuciones que la delegación mexicana podrá hacer en el próximo Foro Mundial del Agua, cuyo lema es "acciones locales para un reto global".

Mientras el debate sobre el agua en México siga rehuyendo el asunto fundamental de su financiamiento, y los mexicanos no adoptemos una actitud positiva para cobrar y pagar el vital líquido, la tragedia del agua continuará profundizándose.