Desde hace algunos relativamente pocos años, México y su economía están enfrascados en una lucha por la competencia entre los participantes en cada uno de los mercados, una lucha que trata de darle a los individuos una mayor libertad para elegir y, simultáneamente, quitarle las rentas a diversos grupos de interés que se apropian de una fracción del ingreso nacional mayor a lo que representa su aportación a la generación de ese mismo ingreso.
Una guerra entre aquellos que representan los intereses atomizados de los individuos, como la Procuraduría del Consumidor, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y la Comisión Federal de Competencia Económica (CFC) y los monopolios; una guerra en la cual hay batallas que se ganan a favor de los individuos y otras que se pierden. Cuatro ejemplos de la semana que acabó.
Primero, la Cámara de Diputados aprobó las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica mediante la cual le dan mayor poder a la Comisión para perseguir y castigar las prácticas monopólicas en el país, incluyendo mayores multas estimadas como un porcentaje de los ingresos totales de las empresas que incurra en estas prácticas, la responsabilidad penal de los dueños y/o administradores de estas empresas y la facultad de la aplicación de medidas cautelares por parte de la CFC cuando haya presunción de que una empresa está incurriendo en prácticas anticompetitivas. Gran avance y ahora la pregunta, ¿pasará en el senado o Manlio Fabio Beltrones, presidente del senado, la volverá a bloquear protegiendo los intereses de algún grupo que incurre en prácticas que dañan a los consumidores?
Segundo, la multimillonaria multa aplicada por la CFC a América Móvil por prácticas monopólicas en el mercado de telefonía celular, al cobrar tarifas de interconexión notoriamente elevadas a los competidores. Gran decisión de la Comisión ante la cual los multados seguramente recurrirán al amparo judicial. Y he aquí en dónde está uno de los grandes problemas. En el pasado el Poder Judicial Federal ha otorgado los amparos reclamados por las empresas del Grupo Carso, TELMEX y TELCEL en contra de los actos de la CFC y de la COFETEL por cuestiones de carácter procedimental, nunca habiendo ido al fondo del asunto. Los jueces de distrito han tomado, siempre el camino fácil, sin entender que su labor es cumplir con el artículo 28 constitucional que expresamente prohíbe las prácticas monopólicas.
Tercero, una amarga derrota en pos de la libertad. La aprobación de la norma 29 por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a pesar de la opinión de la CFC, a propuesta del jefe de gobierno del Distrito Federal Marcelo Ebrard, para limitar en dónde pueden situarse los supermercados y las tiendas de conveniencia para proteger a los mercados populares. ¡Un premio a la ineficiencia a cambio de unos cuántos votos! Limitando en dónde se pueden localizar supermercados y tiendas de conveniencia claramente limita la libertad para elegir de los consumidores, lo cual deriva en una reducción de su bienestar. ¿Y Ebrard y el PRD se dicen protectores de los consumidores? ¡Qué cinismo!
Cuarto; protegiendo los intereses monopólicos de los líderes sindicales, el PRI enterró la reforma laboral que hubiese significado, una mayor flexibilidad en este mercado, mayor productividad global de la economía y, sobretodo, mayor libertad de elección tanto para las empresas como para los trabajadores. Ahora, gracias al PRI, seguiremos sumidos en la mediocridad.
Batallas se ganan y se pierden en esta guerra, misma que hay que seguir peleando porque el objetivo último de la política pública tiene que ser la libertad.
Este artículo fue publicado originalmente en Asuntos Capitales (México) el 19 de abril de 2011.
