El caso a favor de la creación de “campeones nacionales” se sustenta en tres pilares: primero, los mercados son globales; segundo, la dimensión es una variable esencial para que las empresas sean competitivas; tercero, hay ciertos sectores claves que el Estado debe ayudar a prosperar. Detrás de esa tríada hay toda una historia de falacias económicas desde los mercantilistas hasta los modernos adalides de la política industrial estratégica. Los gobiernos que siguieron sus consejos impusieron a los ciudadanos y a las economías elevados costes.

Ni la teoría económica ni la evidencia empírica ofrecen base alguna para creer que los políticos y los burócratas tienen mayor capacidad para determinar cuales son las compañías y los sectores del futuro que los empresarios privados impulsados por la búsqueda del beneficio. Las firmas cuando toman decisiones de inversión, los trabajadores cuando optan por un determinado empleo y los consumidores cuando determinan que bienes y servicios compran, están eligiendo cuales son las industrias ganadoras. El proceso competitivo y descentralizado del mercado permite transmitir y adquirir un volumen de información infinitamente superior al de cualquier ente burocrático o planificador. Olvidar este axioma elemental ha sido el error clásico de los socialistas de todos los partidos. La historia muestra que la propensión de los gobernantes a incurrir en la “fatal arrogancia”, descrita por Hayek, pasa una considerable factura.

Europa es un ejemplo paradigmático del fallo del Estado cuando intenta construir “campeones nacionales”. British Leyland en la industria automovilística británica, la francesa Bull en el de las telecomunicaciones o el proyecto del Concorde son algunas muestras clásicas del fracaso de los gobiernos cuando pretenden facilitar de manera activa la constitución de grandes empresas capaces de competir en el mundo. Esos dinosaurios sólo se mantuvieron o se mantienen vivos a base del dinero de los contribuyentes y/o de medidas proteccionistas. Cuando esa doble red protectora desaparece, los saurios lo hacen con ella. Airbus es el último delirio de megalomanía gubernamental. Creada para desplazar a Boeing en el mercado del transporte aéreo tiene unos costes de producción mucho más altos que los de su competidor norteamericano y, desde su nacimiento, sólo ha logrado cosechar pérdidas multimillonarias cubiertas por subsidios estatales, esto es, por la plata de los ciudadanos.

El gobierno no tiene nada que decir ni que hacer sobre el tamaño de las empresas. Para empezar, esa es una decisión de sus propietarios cuyo conocimiento de la industria en la que operan e incentivos para intentar no equivocarse son mayores que los de cualquier político o burócrata; la razón es evidente: se juegan su dinero. Por otra parte, la ecuación “globalización=macroempresa” no es de solución única. La extensión del mercado no conduce por definición a dinámicas de concentración, sino que a veces puede llevar a todo lo contrario, al permitir una división del trabajo más eficiente. En unos supuestos, esta conduce a dinámicas de integración empresarial; en otros, a una desintegración de las grandes compañías en otras más pequeñas, especializadas en fabricar los distintos componentes de la producción para un mercado global. Este es un principio económico básico formulado hace más de doscientos años por Adam Smith en el capítulo 3 de “La Riqueza de las Naciones”.

De cualquier modo, la apelación a la supuesta necesidad de contar con un “campeón nacional energético” no justifica en ningún caso consolidar un monopolio o una posición casi monopolística en el mercado español de la energía. Si la integración Gas Natural y Endesa se traduce en una competencia más intensa en los países donde el conglomerado está presente pero supone precios más altos para los consumidores españoles de gas y de electricidad, las ganancias de la operación serán muy atractivas para la empresa resultante y para los estados gratificados por su benéfica presencia pero no lo son nada para los ciudadanos y las empresas patrias. Desde esta perspectiva, la adquisición de la eléctrica presidida por Don Manuel Pizarro de la gasera liderada por el Señor Gabarró supondría una transferencia de renta de los consumidores a los productores, poco presentable. En consecuencia, el deseado “campeón nacional” del conglomerado gas-electricidad haría un negocio particular magnífico, eso sí, a costa de los intereses generales.

Si Zapatero y su gobierno quieren que España tenga campeones nacionales de verdad y no elegidos desde el poder y al servicio de buscadores de rentas, el camino no es la concesión de privilegios ni de protección a las empresas sino el establecimiento de un entorno abierto a las fuerzas de la competencia. Ahí es donde florece el espíritu empresarial que hace los ganadores.

Lorenzo Bernaldo de Quirós es presidente de Freemarket International Consulting en Madrid, España y académico asociado del Cato Institute.