Poul Thomsen, el jefe de la delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la negociación del rescate luso, asegura que una de las cuestiones que más le sorprendieron en Portugal fue la elevada presencia que el sector público mantiene en la economía. "Hay definitivamente demasiado Estado en Portugal", declaró en una entrevista en el Diário de Notícias este danés que lideró las misiones del FMI en Islandia y en Grecia. La consecuencia de este diagnóstico es igual de directa, como se refleja en el protocolo de acuerdo entre el FMI y la UE con el Gobierno socialista portugués, al que se han sumado los dos partidos de derechas, PSD y CDS, lo que garantiza su ejecución con independencia del resultado de las elecciones del 5 de junio. "El Gobierno acelerará su programa de privatizaciones", se afirma en el memorándum que fija las condiciones del crédito de 78.000 millones de ayuda externa. 

El objetivo de la venta de las participaciones estatales es obtener al menos 5.500 millones, con la previsión de privatizar ya este año al completo la eléctrica, EDP, en la que el Estado tiene el 25%, y la empresa gestora de la red energética, REN, así como la compañía aérea TAP. El Gobierno de Lisboa debe señalar otras dos empresas para privatizar en 2012, para lo que se baraja la posibilidad de que enajene sus participaciones en la petrolera Galp, Águasde Portugal y la transportadora de carga ferroviaria. Las desinversiones también incluyen la rama de seguros de la Caixa Geral de Depósitos, las empresas públicas municipales y los gobiernos regionales de Madeira y las Azores. 

La Caixa Geral, la principal entidad financiera portuguesa, continuará siendo pública, lo que se puede convertir en una baza en caso de que sea necesario realizar nuevos planes de ajuste. De momento, el Gobierno esgrime el mantenimiento de la Caixa en el sector público como uno de los logros de la negociación. 

Sin embargo, el primer ministro José Sócrates no ha podido mantener uno de los instrumentos que más ha defendido en los últimos años, a pesar de las resoluciones europeas en contra y de conflictivos procesos como el de la compra por Telefónica de la operadora brasileña Vivo. Y es que el FMI y la UE han obligado a Portugal a eliminar los derechos especiales, a través de la llamada acción de oro, que el Estado poseía en Portugal Telecom y la eléctrica EDP. 

"Si Portugal no consiguiese mantener en el territorio nacional y en manos portuguesas una significativa capacidad de decisión en sectores estratégicos de la economía, como por ejemplo el financiero, el energético, el del agua y las comunicaciones, su influencia y autonomía políticas estarían más limitadas y sería más difícil controlar nuestro destino como nación independiente", se afirmaba en el libro de 2007 Economía portuguesa, mejor es posible,de António Mendonça Pinto, asesor del socialista Jorge Sampaio durante su etapa de presidente de la República lusa. 

A diferencia de lo que sucedió en España, el Estado portugués mantuvo cierta presencia en empresas estratégicas, después del intenso programa de privatizaciones realizado entre 1989 y 2001, que le permitió recaudar el equivalente a 22.500 millones de euros. Se trataba de la vuelta atrás de las nacionalizaciones realizadas en 1974 y 1975, dentro de lo que se conoce como el PREC, Proceso Revolucionario en Curso, la fase de dominio comunista tras la revolución de los claveles.