Una ley que autoriza a la policía a verificar la situación migratoria de los detenidos entró hoy en vigor en el estado norteamericano de Utah, en medio de fuertes críticas de diversas organizaciones sociales.
Hasta última hora, la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) intentó sin éxito bloquear la iniciativa hasta la decisión de un magistrado.
El juez federal de distrito Clark Waddoups aceptó la pasada semana una querella en contra de esa normativa.
La directora ejecutiva de la ACLU en Utah, Karen McCreary, afirmó que esa medida es similar a una aprobada en Arizona y cuyas partes más polémicas fueron suspendidas por la justicia en espera de un fallo.
Por tal motivo, McCreary llamó a las autoridades del estado a esperar por la decisión de Waddoups.
Entretanto, la gobernadora de Arizona, la conservadora Jan Brewer, anunció que apelará ante la Corte Suprema del país un fallo de una instancia inferior sobre la inconstitucionalidad de la ley migratoria aprobada el pasado año en ese territorio.
La iniciativa, conocida como SB 1070, fue criticada por la Casa Blanca y bloqueada en parte por la jueza Susan Bolton, y luego la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito ratificó ese veredicto en abril último.
Mientras, el procurador estadual de Tennesse, Robert Cooper, advirtió que un proyecto similar que estudia el Congreso del estado es inconstitucional.
"La detención de una persona en base a una mera sospecha de que su presencia en el país es ilegal podría ser equivalente a una detención ilegal que viola las constituciones federal y estadual", aseguró.
Varios estados, en especial los gobernadores por republicanos, impulsan leyes parecidas, muy criticadas por los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, gremios, abogados y religiosos.
