Educación de calidad para todos, empleo productivo, nivelación del ingreso y disminución de las diferencias sociales, son el mejor abono para la estabilidad democrática, para la convivencia civilizada y para mantener una esperanza confiable de progreso social.

Promover la democratización de la riqueza y de los medios de producción, respetando los principios rectores de la democracia, es quizá el mayor desafió que debe enfrentar una sociedad progresista comprometida con la resolución estructural de sus problemas sociales.

Un estudio recientemente realizado por la Universidad de los Andes y por Paneación Nacional revela, que por primera vez en la última década, el índice de pobreza en Colombia, cayó por debajo del 50 por ciento. Es decir, que hoy hay menos colombianos viviendo en condiciones de pobreza absoluta que hace diez años, sin embargo, la situación sigue siendo dramática, vergonzosa e inaceptable.

Si bien la pobreza responde a múltiples causas, entre ellas, principalmente, la falta de educación, la corrupción y la incapacidad del estado y de la sociedad para atender el crecimiento descomunal y desordenado de los sectores más vulnerables de la población, hay también en la economía, causas que ayudan a agudizarla. La poca democratización de la riqueza y antes por el contrario, su acelerada concentración, son concausas que dinamizan la problemática económica y social.

Frecuentemente, el prurito del liderazgo empresarial, lleva a algunos agentes del mercado a incurrir en prácticas desleales, como son las prácticas colusorias, mediante las cuales se restringe la competencia en desmedro del consumidor. Infortunadamente, es también usual, el ejercicio de prácticas abusivas, las cuales sobrevienen cuando la competencia está restringida y así se logra dominar el mercado, subyugándolo al consumo de un determinado producto o servicio.

Testimonian de prácticas abusivas, 8.185 quejas y reclamos que durante el 2005 instauraron los consumidores colombianos ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Cifra que no incluye, las quejas presentadas contra los abusos indecibles cometidos por las instituciones financieras, que el año pasado lograron utilidades cercanas a los 3 billones de pesos, cifra a distribuir entre tan solo cincuenta instituciones, lo que de suyo constituye, un claro ejemplo de una descomunal concentración económica.

Es claro que el sector financiero administra altos niveles de inversión y de riesgos, y a cambio, obtiene una de las mayores tasas de retorno de capital en Colombia. Si bien apalancar el desarrollo requiere de un sector financiero sólido, confiable y sostenible, también es claro, que en las economías sanas, la intermediación financiera no es el mejor negocio. En Colombia sí lo es. Tampoco es sano que quienes mayores utilidades obtienen, gocen de grandes exenciones tributarias, lo que evidencia injusticia e inequidad.

Para no quedarnos solo en el diagnostico, debemos insistir, que en el mercado de valores, hay una oportunidad cierta para democratizar la propiedad, fortalecer las empresas, evitar el endeudamiento, generar empleo productivo, eludir los elevados costos de intermediación financiera y combatir la concentración de la riqueza.

También debemos insistir, que para promover la creación de empleo es prerrequisito disminuir la pesada carga impositiva que agobia las empresas, para ello hay que eliminar los impuestos a la nomina, al patrimonio, del 4 por mil, así como reducir los márgenes de intermediación y los costos de los servicios financieros.

Eliminar subsidios y exenciones de los sectores solventes, y compensarlos con la universalización de un impuesto de renta disminuido al menos de 8 puntos y con un IVA de un digito, sin lugar a dudas disminuirá la elusión y la evasión fiscal, generará expansión económica y acabará con la contracción que le niega opciones al progreso.

La excesiva carga fiscal vigente, si bien fortalece la hacienda pública y le otorga capacidad de gasto al Estado, no hace sostenible una mejor tasa de crecimiento. En la próxima legislatura, el Gobierno tiene la oportunidad de sacar adelante una reforma estructural que ayude a disminuir la pobreza, a democratizar la riqueza y a evitar su concentración. Así sea.

*Consultor Jurídico y Corporativo. Catedrático Universitario.