Cuando se creó en la mayoría de los países industrializados, el número de trabajadores cotizantes era muy superior al de los que percibían prestaciones por jubilación y muy pocos vivían hasta la edad necesaria para recibir sus prestaciones, lo que garantizaba que pudiese cumplir sus promesas. A comienzos del siglo XXI la situación es distinta. La caída de la tasa de natalidad, unida al aumento de la esperanza de vida, implica que un número cada vez más reducido de jóvenes trabajadores no sólo tendrá que soportar una carga fiscal creciente para financiar las pensiones de sus mayores, sino que no recibirá los mismos beneficios. Si no se hace nada, esa gigantesca transferencia de rentas de las clases activas a las pasivas reducirá el crecimiento y el nivel de vida de las generaciones futuras, al tiempo que pondrá las bases para un conflicto intergeneracional de consecuencias imprevisibles. ¿Qué hacer? De entrada, un aumento de los impuestos y/o de las cotizaciones a la Seguridad Social para financiar el modelo de reparto tendría efectos económicos muy negativos. La oferta de trabajo no es inelástica. De hecho, responde a los cambios en los tipos impositivos. Desde esta perspectiva, mantener el actual sistema de pensiones y el inevitable incremento de la carga fiscal necesario para financiarlo reduciría los incentivos de los individuos para incorporarse a la vida laboral. Esta caída o desaceleración de la tasa de actividad, que se producirá en todo caso por razones demográficas, tendría un impacto negativo sobre el PIB y acentuaría los desequilibrios estructurales del esquema de reparto. A la vez, la subida de la imposición sobre el factor trabajo deprimiría la tasa de ahorro privado y la acumulación de capital que alimenta el crecimiento económico y de la productividad en el medio y largo plazo.

El anterior planteamiento es fácil de comprender con un simple razonamiento económico. El crecimiento del PIB per cápita está positivamente relacionado con los cambios en el tamaño de la población activa y negativamente con los registrados en el porcentaje de pasivos. Cuánto más alto sea éste último, menor será el ahorro y, a su vez, la inversión y el crecimiento. Esta hipótesis tiene un sólido soporte teórico y empírico en la teoría del ciclo vital: la gente se endeuda cuando es joven, ahorra en sus años maduros y desahorra al jubilarse. Por tanto, el envejecimiento de un país juega un papel decisivo en determinar su tasa de ahorro y de inversión. Ese impacto es más intenso en los países con mayor envejecimiento, entre ellos España.

Los anteriores argumentos no son un ejercicio de ciencia-ficción, sino que están sustentados sobre una abrumadora evidencia. En el caso de España, el mantenimiento de la actual ratio de dependencia (relación entre población ocupada y los pensionistas) requeriría para el año 2050 un incremento de la tasa de actividad de 21 puntos (la media histórica 1996-2000 ha sido de 3), que la inmigración llegase a suponer un 37% de la población total del país y/o un aumento de la edad de retiro de 10 años. Sin embargo, este conjunto de medidas no impediría un deterioro del saldo presupuestario español ya que tanto la demografía como otros factores —el coste de las nuevas tecnologías y medicinas— producirán una sustancial elevación del gasto sanitario. Así pues, los dos principales programas del Estado del Bienestar —pensiones y sanidad— son dos bombas de relojería en el corazón de la economía nacional (Ver World Economic Outlook, Chapter III, How Will Demografic Change Affect The Global Economy, IMF, 2004).

El Gobierno y las oposiciones practican con las pensiones la política del avestruz o, lo que es lo mismo, hacen suyo el viejo lema keynesiano “a largo plazo, todos muertos”. Los mayores constituyen una porción de votos cada vez mayor y lógicamente tienen pavor al cambio. Sin embargo, la pregunta es qué sucederá cuando las jóvenes generaciones se nieguen a sacrificar su nivel de vida para pagar las pensiones y/o la sanidad de los viejos o se rebelen contra una situación de trabajos forzados en beneficio de los mayores. Un escenario como este no es improbable, sino muy posible, y constituirá un serio problema social y político en un horizonte no muy lejano. Es la “guerra civil fría” sugerida por Alain Madelin ante la resistencia de la derecha francesa a adoptar una reforma en serio de las pensiones.

Desde este enfoque, España debería plantearse la posibilidad de sustituir de manera progresiva el actual sistema de pensiones basado en el reparto por otro sustentado en la capitalización. Esta opción es posible en términos financieros y deseable para el conjunto de la economía nacional como lo demostró el estudio elaborado por José Piñera para el Círculo de Empresarios. Entre tanto, medidas como la supresión de las deducciones fiscales a los planes de pensiones sólo agudizan aún más la insostenibilidad de un modelo antes o después inviable.

Lorenzo Bernaldo de Quirós es presidente de Freemarket International Consulting en Madrid, España y académico asociado del Cato Institute.