Estas estrategias pueden clasificarse en activas y pasivas. Las activas buscan distraer activamente la atención de la población con alguna noticia sensacional, generada por el mismo grupo político pero de una manera en la que parece que surgió de otro lugar. Las estrategias pasivas son las que descansan en la suposición de que hay muchas calenturas que desaparecen con sólo que transcurra un tiempo, aunque no ocurra nada sensacional. Esta es la estrategia, por ejemplo, que se aplica al anunciar una decisión controversial un viernes a las cinco de la tarde, o, si el tema es más candente, el último día antes de unas vacaciones largas, como navidad o semana santa.

La selección de estrategia depende de dos cosas. La primera es la posibilidad de generar noticias que puedan volver real la estrategia activa. Por supuesto, el gobierno es el que está mejor posicionado para poner en práctica esta estrategia porque tiene más capacidad para generar noticias en muchas áreas aparentemente no relacionadas. Los que no pueden aplicar esa estrategia se ven obligados a seguir una estrategia pasiva —mantenerse callados por un tiempo que ellos estiman que será suficiente para que la gente se olvide del tema que la ha escandalizado.

Esta pareciera que es la estrategia que ARENA, GANA, el PDC, el PCN y el presidente Funes han adoptado con respecto al Decreto 743 que modificó el quórum de la Sala de lo Constitucional —un decreto en cuya emisión todos ellos fueron cómplices. Todo da la impresión de que ellos esperaban que la población no entendiera el significado del decreto o que se sintiera indiferente frente a su contenido. Al fin y al cabo, la población salvadoreña ha aguantado varios años de manipulaciones del orden jurídico del país sin pronunciar la más mínima palabra de protesta. En muchos casos, la población se ha negado a poner el mínimo esfuerzo que se necesita para entender lo que los políticos estaban haciendo.

Esta vez, sin embargo, la ciudadanía ha entendido lo que el decreto ha hecho —dejar a la población legalmente indefensa a las violaciones de sus derechos constitucionales a través de entrampar la institución que existe para darle protección. Y, por haber entendido esto, la población ha reaccionado con una indignación que no se veía desde hace mucho tiempo en el país en términos de su intensidad y de la diversidad de los que la expresan. En realidad, desde la guerra no había habido un tema que unificara a la izquierda con la derecha en la opinión pública, y de una manera tan espontánea.

A la gente en el fondo no le importan los motivos que los políticos puedan haber tenido para emitir esta ley tan destructiva. No hay motivo que pueda justificar el dejar a la población sin protección constitucional. Los pretextos que se han esgrimido para justificar la medida dejan peor a los que los verbalizan, porque dejan la impresión en los ciudadanos que para estos políticos hay un precio para todo —incluso para los derechos ciudadanos. Es el tipo de argumento que lleva una contradicción interna —para defender tu libertad elimino las defensas que tenías contra la esclavitud. Apago los motores de un avión en vuelo y causo que el avión se caiga para evitar que los motores se apaguen en vuelo y el avión se caiga. La gente no es tan tonta como para no darse cuenta de la contradicción, ni tan complaciente como para no protestar enérgicamente contra la medida que conlleva en sí misma la contradicción.

Es por eso que la oposición contra el decreto y la petición de derogarlo es tan firme y generalizada. Incluye a los empresarios, los trabajadores, los profesionales, los de izquierda y los de derecha, los jóvenes y los viejos…toda la ciudadanía.

Si los que pasaron esta medida están pensando que cualquiera de las estrategias de distracción, activas o pasivas, van a funcionar, y que la gente va a olvidar esto como una ola que pasa, están muy equivocados. Esta no es una medida que causó un daño que quedó en el pasado. Es una que crea una amenaza constante, y es por eso que la gente no la va a olvidar.

También están equivocados los que piensan que no hay costos políticos asociados con dejar que pase el tiempo sin corregir el problema, por lo que vale la pena esperar a ver si al fin a la gente se le olvida. El costo político ha sido ya devastador para el presidente y para ARENA, que están perdiendo su capital político muy rápidamente. El hecho de estar juntos en esta medida no diluye la responsabilidad de cada uno de ellos sino que la multiplica. Este no es el tipo de cosas que la población quisiera ver haciendo juntos al gobierno y a la oposición.

El costo más grande es sin duda para ARENA, que ha pasado por un largo proceso de recuperación en los últimos dos años. Mucha gente sintió que ese partido había perdido su orientación hacia la defensa de la libertad y los derechos individuales. Ahora, con una sola medida, ha mostrado que no ha recuperado dicha orientación, y que todavía es capaz de usar el poder que la población le ha dado para entregar lo más sagrado que se suponía iba a defender: los derechos constitucionales de esa misma población. Con cada día que pasa, este costo será más grande para ARENA. Es triste ver cómo el partido no reacciona y está contemplando pasivamente su autodestrucción por falta de firmeza en la resolución de este problema.