Ese día, una protesta de indígenas amazónicos terminó en un enfrentamiento con la policía, que dejó 24 agentes y 10 nativos muertos.

Los sucesos ocurrieron en la zona amazónica de Bagua, 730 kilómetros al norte de Lima.

"La decisión del Congreso de no encontrar responsabilidad judicial en los verdaderos responsables de esta desgracia es un acto de deslealtad a los pueblos indígenas", dijo Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, Aidesep, en un comunicado público.

La responsabilidad política que encontró el Congreso en relación con los tres ex ministros, no implica ninguna sanción efectiva.

Las comunidades indígenas en 2009 realizaron protestas que se extendieron por 58 días para que el congreso derogara dos decretos que consideraban facilitaba la venta de sus territorios ancestrales para actividades de explotación petrolera y gasífera.

Simon fue criticado por demorar en solucionar el reclamo de los indígenas, Aráoz por haber sostenido que si se derogaba uno de los decretos se atentaría contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y Cabanillas por los resultados del operativo policial que desencadenó en los 34 muertos.

Los decretos eran incompatibles con un convenio internacional firmado por Perú que establece una consulta previa con los pueblos indígenas en temas que les conciernen.

Tras los sangrientos sucesos de Bagua los dos decretos fueron derogados por el legislativo.