El tráfico de armas alimenta la violencia a lo largo del mundo. Está en el origen de acciones terroristas, de ejércitos irregulares, de asesinatos cometidos por mentes perturbadas, de ejecuciones masivas perpetradas por miembros del crimen organizado. Su presencia creciente en México es motivo justificado de preocupación.
Con las
armas adquiridas a los comerciantes del terror han encontrado la muerte miles
de personas, se ha fortalecido la capacidad de intimidación de los cárteles de
la droga, se ha aterrorizado a millones de ciudadanos. Luchar contra el tráfico de armas requiere de medidas muy
variadas; unas al interior de México, otras al interior del principal proveedor
de armas en el mundo que son los Estados Unidos.
Las
armas que llegan a México provienen en 80% de los estados fronterizos de la
Unión Americana. Por lo tanto, la batalla para detener el tráfico se encuentra
condicionada a los avances que se logren en aquel país. Desgraciadamente, los
esfuerzos por regular la compra-venta de armas encuentran múltiples problemas
en Estados Unidos. Cualquier intento de poner restricciones al libre comercio
de armas remite de inmediato a las libertades establecidas en la segunda
enmienda de su Constitución y propicia enconados debates que colocan en
posiciones contrarias a quienes tienen conciencia de los efectos mortíferos de
la venta indiscriminada de armas y quienes defienden poderosos intereses
económicos e ideológicos.
Existe
un amplio movimiento ciudadano que ha venido luchando por establecer
regulaciones para evitar que las armas lleguen a manos criminales. Expresiones
de ese movimiento son, desde la excelente película de Michael Moore Bowling for
Columbine, hasta las iniciativas promovidas en el legislativo por
organizaciones muy activas y de alta visibilidad como la Coalición de Alcaldes
contra las Armas Ilegales.
Actuando
en sentido contrario se encuentra la Asociación Nacional del Rifle (NRA), una
de las organizaciones más poderosas para
aglutinar y dar voz a las personalidades
más conservadoras de los Estados Unidos. La NRA mueve inmensos recursos financieros
para apoyar las campañas de Representantes y Senadores, cuya preocupación más
urgente es obtener recursos e interpretar correctamente el sentir de sus
electores para lograr su reelección.
La NRA
ha convencido a numerosos legisladores de la conveniencia de creer en dos
mitos: uno, que tomar posición a favor del control de armas es un camino seguro
para perder una elección; dos, que los controles son inútiles en la medida que
quienes anhelan obtener armas las obtendrán
de todas maneras, a pesar de la regulación existente.
La
fuerza del NRA se ha hecho sentir recientemente. A comienzos del mes pasado fue
derrotada en la Cámara de Representantes la iniciativa bipartidista que buscaba
establecer controles a la venta de armas y explosivos a quienes eran
sospechosos de actividades criminales. En la misma línea se ubica la
negativa a la solicitud del presidente
Obama de otorgar autorización, a la Agencia para el Tabaco y Armas de Fuego y
Explosivos (ATF), de llevar un registro de aquellas personas que compran o
venden armas semiautomáticas o de alto calibre en los estados fronterizos con
México.
En ese
ambiente se ubica la iniciativa promovida en México por la organización Alianza
Cívica para suscribir una carta dirigida al presidente de los Estados Unidos
con tres peticiones: detener inmediatamente la importación de armas de asalto a
Estados Unidos, porque la mayoría llega de contrabando a México; aumentar la
capacidad regulatoria de la ATF en regiones donde se abastece el contrabando de
armas a México; ordenar a los vendedores a reportar a la ATF la venta de varias
armas de asalto a una misma persona.
Esta
incursión de la sociedad civil mexicana en la batalla para el control de armas
en Estados Unidos tiene el enorme mérito de abrir la puerta para una acción
conjunta de las sociedades de ambos países y contribuir a la mayor toma de
conciencia, aquí y allá, del enorme daño que está causando el tráfico de armas
a México.
Reconociendo
esos méritos encuentro, sin embargo, dos limitaciones: una, que tiene como
único destinatario al presidente Obama. Sin embargo, los actores clave en este
tema son las asociaciones civiles, los legisladores, los medios de
comunicación. Ningún presidente de los Estados Unidos –independientemente de
que cuente o no con las facultades para hacerlo– toma medidas sobre un tema tan
sensible sin medir cuidadosamente las presiones e intereses que expresan dichos
actores; menos aún cuando se encuentra en proceso de buscar la reelección.
La
segunda limitación es apoyar, indirectamente, la política de reclamos que ha
dado el tono a la estrategia del presidente Felipe Calderón para dialogar con
Estados Unidos. En estas páginas me he referido de manera muy crítica a esa
estrategia que tuvo una expresión muy controvertida en el discurso pronunciado
en el Congreso de los Estados Unidos en mayo de 2010. Esa estrategia conlleva,
al menos, tres problemas: colocar en segundo término la responsabilidad del
gobierno mexicano como es, por ejemplo, mejorar el control de los puestos
aduanales por donde atraviesan las armas; alentar el antimexicanismo que
recorre a numerosos sectores de la sociedad estadunidense y, sobre todo,
perpetuar la tendencia de la clase política mexicana a ignorar las
complejidades del sistema político de los Estados Unidos formulando demandas de
tal manera que, casi irremediablemente, no encontrarán respuesta.
A pesar
de esas reservas, comparto el espíritu
de quienes han decidido participar activamente en la batalla contra las
armas. Es el comienzo alentador de un mayor involucramiento de la ciudadanía en
un asunto que afecta gravemente la vida nacional.