Es claro que la forma más efectiva de combatir la pobreza es a través del crecimiento económico sostenido. Una economía que no crece a tasas relativamente elevadas, difícilmente podrá lograr que el número absoluto de pobres caiga significativamente. Y es precisamente en este punto en dónde tenemos un problema. Durante las últimas tres décadas la economía mexicana ha tenido un desempeño mediocre, con muy bajas tasas de crecimiento porque las condiciones estructurales de la economía son deficientes e ineficientes, por lo que los incentivos que se derivan de ese arreglo institucional no son los que se requieren para poder crecer a tasas más elevadas. Y esto es lo que hay que cambiar.

Varias son las modificaciones que hay que hacerle al marco institucional en el cual se desenvuelve la economía mexicana, todas ellas ya mencionadas insistentemente, pero que por razones particularmente de carácter político simplemente no se hacen.

Destaca en primer lugar la imperiosa necesidad de modificar la legislación laboral. La Ley Federal del Trabajo que está vigente contiene dos sesgos importantes que impactan negativamente al crecimiento económico. El primero es el sesgo en contra del empleo de mano de obra que se deriva de los altos costos de despido y los también altos costos para las empresas de los pagos correspondientes a la seguridad social (Instituto Mexicano del Seguro Social, Sistema de Ahorro para el Retiro e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores), sesgo que a su vez incentiva a que las empresas operen en la informalidad en pequeñas unidades, con tecnologías obsoletas y con muy baja productividad.

El segundo sesgo es que la propia legislación laboral inhibe la introducción de cambios tecnológicos en los procesos productivos por lo que, en consecuencia, inhibe el crecimiento de la productividad de los factores de la producción. Urge, por lo tanto, modificar esta legislación para hacer más flexible el mercado laboral, reduciendo los costos de despido (y en consecuencia de contratación), permitiendo los contratos a prueba y por hora, eliminando la cláusula de exclusión sindical, así como el escalafón ciego (promoción por antigüedad sin importar productividad). Mientras no se hagan estas modificaciones, persistirá el sesgo en contra del crecimiento de la productividad y en contra del crecimiento económico.

Una segunda modificación importante es lo relativo a las prácticas monopólicas, tanto las que se presentan en el sector privado como las de carácter gubernamental. El que una parte significativa de la economía presente una alta incidencia de prácticas monopólicas no solamente inhibe una mayor productividad de los factores de la producción y el crecimiento económico sino que además tiene un claro efecto regresivo ya que estas prácticas afectan relativamente más a las familias más pobres. Es por lo mismo indispensable profundizar el combate a estas prácticas y generar condiciones de mayor competencia en los mercados.

Hay obviamente más cambios institucionales que hay que hacer para generar las condiciones que deriven en un mayor crecimiento. Es importante la protección de los derechos privados de propiedad por parte del Poder Judicial. Es realmente sorprendente que cuando se discute en nuestro país el tema de por qué el bajo crecimiento de la economía mexicana, prácticamente nadie menciona el tema de la inseguridad jurídica que prevalece en México en cuanto a los derechos privados de propiedad, siendo que éste es uno de los pilares más importantes con los que debe contar un país para experimentar un proceso de crecimiento económico alto y sostenido.

Uno de los grandes problemas que aquejan a nuestro país es la inseguridad jurídica que existe en lo que respecta al cumplimiento de los contratos, tanto aquellos realizados entre agentes del sector privado como entre los que involucran al gobierno. Cuando una empresa no tiene la certeza de que en caso de incumplimiento de un contrato, podrá acudir a las instancias judiciales para que obliguen a la parte violatoria a cumplir con el contrato o adjudicar las garantías establecidas en éste, el efecto es desincentivar una mayor inversión. Adicionalmente, esta inseguridad jurídica inhibe el que las empresas busquen las mejores opciones tanto de proveedores como de clientes, prefiriendo hacer negocios únicamente con contrapartes conocidas y consideradas como “honorables”, aunque no sean aquellas que ofrecen las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad. Y esto obviamente tiene un efecto negativo sobre la asignación eficiente de recursos y sobre el crecimiento económico.

Esto adquiere, por ejemplo, una gran importancia cuando se trata del financiamiento bancario y no bancario a las actividades productivas. Si las instituciones financieras no tienen la certeza jurídica de que podrán, en tiempo y forma, recuperar el financiamiento otorgado y, más aun, que en caso de acudir al poder judicial el resultado es incierto además de que el proceso puede tomar mucho tiempo, el resultado serán tasas de interés activas más elevadas y un menor flujo de financiamiento, lo que se traduce en mayores costos de la inversión y por lo mismo menor crecimiento económico.

El no contar con un Poder Judicial, tanto al nivel federal como al nivel de los poderes judiciales estatales, que sea efectivamente independiente, imparcial, eficiente y expedito, desincentiva la inversión y el crecimiento económico. Tal como afirmó el Premio Nobel de Economía Douglass North: “La inhabilidad de las sociedades para desarrollar un sistema eficiente y de bajo costo para garantizar el cumplimiento de los contratos es la fuente más importante, tanto del estancamiento que históricamente ha afectado a países del Tercer Mundo, como del actual subdesarrollo de estos países”.

De esta manera, dado que lo que se quiere alcanzar son mayores tasas de crecimiento económico como fuente de aumento en el bienestar y de abatimiento de la pobreza, es indispensable una reforma de fondo de los poderes judiciales para que estos sean, efectivamente, independientes e imparciales.

Este artículo fue publicado originalmente en Asuntos Capitales (México) en dos partes el 14 y 17 de junio de 2011.

Artículo de AsuntosCapitales

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