Durante la presentación del libro Dinero del Crimen Organizado y Fiscalización Electoral, Valdés Zurita coincidió con la tesis de esta obra en el sentido de que la "inevitable relación que existe entre dinero, partidos políticos y campañas electorales continúa siendo amenazada por la influencia del crimen organizado, que está dispuesto a violentar la transparencia y equidad en las contiendas". 

Es por ello —sostuvo— que después de la transición democrática que puso en marcha nuestro país, la tarea fundamental de México es blindar nuestra democracia de influencias ilícitas.

Advirtió que "los grupos del crimen organizado buscan penetrar la escena política", por lo cual se requiere "fortalecer los mecanismos de control en relación al dinero y la política".

"Una necesidad sería tipificar el uso de recursos provenientes del crimen organizado como delito electoral, con lo que podrá ser perseguido de oficio", planteó.

Al retomar planteamientos del libro, Valdés Zurita aseveró que  el mercado de financiamiento ilícito a las campañas políticas, está determinado por la demanda y la oferta  "y desafortunadamente vemos que estos factores están muy presentes" en nuestro país.

Por el lado de la demanda, detalló, los partidos políticos constantemente buscan obtener fondos adicionales a fin de acercarse a los ciudadanos y destacar en la competencia.

En cuanto a la oferta, el crimen organizado tiene dinero para distribuir y busca cooptar o controlar a las autoridades en los territorios, consideró.

Sin embargo acotó que "si bien el crimen organizado y su capacidad de influencia son extensos esto no quiere decir que el fenómeno esté fuera de control", pero el dinero en las campañas si es clave para los partidos.

"Hoy en día, la competencia política y las campañas no pueden entenderse sin el financiamiento público o privado, por lo que el dinero se ha convertido en un elemento clave y decisivo en los procesos electorales", aceptó.

Por ello  propuso endurecer el control administrativo y de fiscalización de las campañas y partidos, así como establecer mecanismos intrapartidarios para blindar a los candidatos y a las campañas de las presiones del crimen organizado.

De igual manera demandó  la colaboración con dependencias gubernamentales responsables de la investigación financiera de recursos de origen ilícito y consideró que las  facultades fiscalizadoras del IFE sólo se verán fortalecidas y podrán cumplirse a cabalidad a medida que se firmen convenios con otros órganos para así superar el secreto bancario, fiscal y fiduciario.

Avaló las propuestas del autor del libro, Oswaldo Chacón para realizar verificaciones directamente en los sitios donde los partidos celebren actividades de proselitismo e incentivar la denuncia por parte de los propios institutos políticos, a través de medidas que los motiven a conseguir evidencias con la posibilidad de anular una candidatura.

Asimismo realizar actividades de monitoreo no sólo a aquello que es registrado contablemente, sino al gasto aparente de campaña.

"Si queremos consolidar nuestra democracia, un paso fundamental es evitar toda influencia ilícita en los procesos electorales y una forma de hacerlo sin duda es trabajando juntos, con corresponsabilidad y a través de las tareas de transparencia, rendición de cuentas y la fiscalización que hagamos autoridades y partidos políticos", estableció.