Sus peculiares relaciones con Hamás y con Teherán son hoy más valiosas, y el presidente ruso sorprendió al mundo al anunciar que había invitado a Moscú a los dirigentes del grupo violento que ha ganado las elecciones palestinas. Putin no considera terrorista a Hamás, aunque sí a los grupos armados chechenos. Esta invitación, que tiene sentido, choca sin embargo con la declaración conjunta contra el terrorismo que ambos suscribieron ayer en Madrid.

Putin, que ha ganado peso con el fracaso de la guerra de Irak, sabe que el petróleo y el gas rusos valen hoy más, no sólo en dinero, sino también en términos geopolíticos. De ahí que, como le recordó su anfitrión, el rey Juan Carlos, "esa extraordinaria riqueza energética también suponga una gran responsabilidad", pues de su gestión "depende en buena medida la estabilidad política y económica de la región y de parte del continente europeo". Cabe entenderlo como una cortés crítica a cómo Rusia cortó los suministros de gas a Georgia.

Esta visita muestra un mayor interés de Rusia por España en la UE de los Veinticinco. La invitación de Putin a que España, a través de la Unión, aporte sus reflexiones sobre la "seguridad energética" al G-8, que se reunirá en julio en San Petersburgo, incluida la cooperación en materia nuclear entre España y Rusia a la que se refirió el presidente ruso, no debe caer en saco roto, pues es uno de los grandes temas de nuestra época.

Pese al acercamiento entre Madrid y Moscú, no cabe silenciar los pasos atrás que ha dado Rusia en los últimos tiempos en materia democrática, por ejemplo con la nueva ley para asfixiar y controlar la labor de las ONG, o la represión sin fin en Chechenia. Ante la pretensión de Putin de ignorar el asunto, Zapatero insistió en que estaba informado del caso de Antón García, un hispano-ruso, niño de la guerra, detenido por la fiscalía en Moscú en el marco de las acciones contra el grupo Yukos. Que Putin sea determinante en la nueva situación geopolítica no exime a su régimen de tener que dar cuentas ante denuncias por presuntas violaciones de los derechos y garantías más básicos.