En un entorno como el actual, la cuestión fundamental es por qué determinados gobiernos no son capaces de aplicar la política económica precisa para estabilizar las finanzas públicas y relanzar el crecimiento, sobre todo, cuando la evidencia empírica demuestra que el coste electoral de la ortodoxia es irrelevante. No afecta a las oportunidades de reelección de los gabinetes que la abrazan. Esta tesis es un asunto de una importancia capital ya que hace incompresible la timidez reformista del ejecutivo socialista cuyos intereses coincidirían a priori con las necesidades económicas del país y cuya pasividad no sólo ha deteriorado de manera dramática sus posibilidades electorales, sino que la incertidumbre generada por ella traduce en ampliación de la prima de riesgo española, cuya tendencia alcista es imprevisible.

Aunque parecería obvio, no siempre está claro qué se entiende por reformas. En la teoría y en la práctica, ese término se refiere a la introducción de grandes transformaciones en la economía que van más allá de su gestión diaria. Algunas de ellas son estabilizaciones en el sentido clásico de la palabra, esto es, ajustes fiscales y presupuestarios dirigidos a reducir el binomio déficit-deuda, mientras otras implican la liberalización de los mercados de bienes y de servicios, cambios en el sistema judicial, en el modelo educativo, en el entorno regulatorio o en el mercado laboral…para elevar el potencial de crecimiento. Además, la experiencia enseña que ese tipo de medidas benefician al grueso de los ciudadanos, a las empresas y a los gobiernos que las adoptan.

En la coyuntura española es la referencia a ese concepto amplio de reformas, entendido como un paquete global es el que permite valorar si la actuación del gobierno es la adecuada. Aquí y ahora no valen retoques parciales, sino un proyecto global y con plazos precisos que transmitan la sensación y la realidad de una voluntad reformista radical. Ante este panorama, la pregunta es qué condiciones son necesarias para hacer políticamente posible lo que es económicamente necesario. Una brillante respuesta a ese interrogante se encuentra en el trabajo para el FMI elaborado por Alberto Alesina, Silvia Ardagna y Francesco Trebbi, "Who Adjust and When? The Political Economy of Reforms".

En principio, la insuficiencia y/o los retrasos en la puesta en marcha de los planes de estabilización emergen de un conflicto entre quienes se oponen a ellos y quienes las aceptan. Ahora bien, la resistencia de los opositores disminuye a medida que el paso del tiempo eleva los costes de postergar las reformas y la crisis se agudiza o se prolonga. Por eso, los mayores éxitos en los programas de consolidación presupuestaria se producen en los malos tiempos cuando el endeudamiento presenta una tendencia insostenible y la economía cae o se estanca. Este es el caso de España que ha soportado la mayor crisis económica de su historia contemporánea y no presenta síntomas de reactivación. En este escenario, el coste de la no reforma es superior al de realizarla ya que los daños de la recesión-estancamiento se han extendido al conjunto de la sociedad y, en consecuencia, la capacidad de movilización de las fuerzas anti-reformistas se ha reducido de manera sustancial. Así lo demuestra, por ejemplo, el fracaso de la pasada huelga general.

Por otra parte, la capacidad de llevar a cabo una estrategia de consolidación presupuestaria y de reformas estructurales depende del juego de mayorías existente en las instituciones políticas en donde han de ser aprobadas. En los sistemas parlamentarios sin una mayoría a favor del cambio, el poder de veto de los grupos parlamentarios y extra parlamentarios para frenar aquel es muy alto y, por tanto, la posibilidad de su materialización se reduce. De nuevo, esta es la situación de España. A estas alturas de la Legislatura, el ejecutivo socialista adolece de una extrema debilidad para configurar una mayoría reformista. Tiene poco margen de maniobra para “comprar” la aprobación de las reformas por parte de los grupos parlamentarios que ideológicamente podrían simpatizar con ellas, los nacionalistas, y quienes estarían dispuestos a darle un apoyo “gratuito”, la izquierda, es improbable, por no decir imposible, que las apruebe. Por añadidura, sus “aliados” externos, por ejemplo los sindicatos, son alérgicos a cualquier variación sustancial en el modelo socio-económico español como lo demuestra la contra reforma de la negociación colectiva realizada por el gabinete.

Las dinámicas de estabilización-reformas se suelen producir después de un proceso de consolidación política en el cual uno de los partidos o coaliciones con opciones de gobernar obtiene la mayoría suficiente para neutralizar una oposición efectiva al programa estabilizador. Esto sucede cuando el gobierno revalida su mayoría en las urnas o es sustituido por otro con una amplia asistencia parlamentaria. Por añadidura, en este marco, la fuerza o fuerzas políticamente derrotadas y sus stakeholders ven debilitada su oposición a las reformas de una manera proporcional al quebranto electoral soportado y al tiempo que tardan en recomponerse. En la coyuntura española, esto significa que, a diferencia de lo sostenido por algunos analistas nacionales e internacionales, la anticipación de las elecciones tendría efectos estabilizadores en lugar de desestabilizadores, ya que harían posible desplegar una política reformista más consistente y profunda.

Por último, la viabilidad de las reformas está influida también por factores externos. Así, la necesidad de otorgar confianza a los mercados en un entorno de necesidad de financiación externa y/o el riesgo de contagio de una crisis exterior, léase Grecia, constituyen poderosos incentivos para implantar los programas de estabilización. De nuevo, ésta sería la posición española. Del mismo modo que la entrada en el euro fue un elemento decisivo para desplegar una estrategia estabilizadora y reformista a partir de 1996, el potencial impacto desestabilizador de la situación presupuestaria, económica y financiera de España sobre la moneda única es en estos momentos un ancla muy sólido para acometer una política de esa naturaleza. De hecho, los mercados están concediendo de momento el beneficio de la duda no ya al gobierno actual sino al futuro, esto es, descuentan una victoria del PP y piensan o quieren pensar que hará los deberes. El tiempo lo dirá…