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13/07/2011 | EEUU - Un repaso con lupa los desafíos de la comunidad hispana

Cristina F. Pereda

La Casa Blanca ha celebrado hoy el primer día de la Conferencia de Políticas para Hispanos. Miembros de diferentes departamentos del gobierno se han sentado junto a 160 líderes de la comunidad hispana para iniciar una conversación sobre los desafíos que afrontan los hispanos en este momento.

 

"Estados Unidos no puede avanzar si la comunidad latina no avanza", dijo Cecilia Muñoz, directora de asuntos intergubernamentales de la Casa Blanca, durante la inauguración del evento. Los más de 50 millones de hispanos que residen en el país son una fuerza laboral clave para la recuperación económica y un grupo que puede decidir las próximas elecciones presidenciales.

Las diferentes sesiones de la conferencia, que trataron temas como la educación, la seguridad laboral, la creación de empleo o la sanidad, demostraron la estrecha relación entre las dificultades que afronta la comunidad hispana y la recuperación de Estados Unidos.

Entre ellas está la reforma del sistema de inmigración. Obama prometió resolverla durante su primer año de mandato y el retraso no ha provocado más que frustración entre los hispanos. El gobierno ha celebrado varias sesiones para conversar con miembros de la comunidad, compartir el avance de la reforma de inmigración -hasta ahora decepcionante- y, en los últimos meses, pedirles ayuda para convencer al resto de la población de la necesidad de una nueva legislación.

Los líderes hispanos pidieron que el presidente ponga fin a las deportaciones de estudiantes indocumentados con una orden ejecutiva y muestre así su apoyo a la reforma. A poco más de un año de las elecciones, necesitan varias razones para volver a votar por el presidente. Sin embargo, la respuesta sigue siendo la misma: una orden presidencial alejaría el debate de la reforma y Obama quiere centrarse en la legislación, según explicó Felicia Escobar, asesora de Inmigración del Consejo de Política Doméstica de la Casa Blanca.

“Después de estos dos años, nos hemos dado cuenta de que tenemos que aumentar la presión desde todos los grupos de la sociedad para lograr la reforma. La conversación tiene que ir más allá de la presidencia y el congreso”, comentó Escobar.

Las últimas reuniones de Obama con miembros de la comunidad buscan precisamente concienciar a la población de que los desafíos de la población latina en Estados Unidos están directamente relacionados con la recuperación económica del país. Desde la crisis de las hipotecas, la pérdida de hogares y empleos, el cierre de negocios, hasta las dificultades para acceder a la educación universitaria o la inseguridad ciudadana, todos los temas tratados en la conferencia afectan tanto a los hispanos como al resto de la sociedad.

Así, uno de los intercambios más intensos ocurrió en torno a un tema de actualidad. Mientras Obama informaba a la prensa de las conversaciones para la reducción de la deuda nacional, los líderes hispanos lamentaban que pusiera sobre la mesa el presupuesto de la Seguridad Social estadounidense, una de las “redes de seguridad” de millones hispanos.

“El presidente no puede parpadear en esto, hay vidas en peligro”. Miembros de varias organizaciones trasladaron a los representantes del gobierno que la comunidad sigue “con extremada preocupación” las negociaciones y no quieren ver recortadas algunas de las ayudas de las que dependen.

Creadores de empleo

El gesto contrasta con otro de los datos revelados en las últimas semanas: la mayoría de los pequeños negocios creados durante la recesión pertenecen a hispanos. El desafío, según Lillian Rodríguez-López, de la Asociación Laboral por el Avance de los Latinoamericanos, es conseguir que esas empresas sobrevivan. El gobierno ofreció una respuesta: “tenemos que dejar de improvisar nuestro futuro”. Anna Harvey, asociada del departamento de Mujeres Empresarias de la Administración de Pequeñas Empresas, aconsejó que los hispanos se involucren más en los programas oficiales para la creación de sus negocios.

Harvey celebró que las mujeres latinas sean precisamente las que creen más empresas, pero no todo son buenas noticias para este grupo de población. En la actualidad, más de la mitad de los trabajadores en Estados Unidos son mujeres, pero en el caso de las hispanas, están en la parte más baja del sector laboral.

“Sufren las peores condiciones laborales en cuanto a salarios, condiciones de sanidad y muchas veces abusos que quedan sin denunciar, sobre todo en el caso de las indocumentadas”, según denunció Sara Manzano-Díaz, directora de la Oficina de Mujeres del Departamento de Trabajo.

Para Joseph Barab, Secretario de la Administración de Seguridad Laboral del Departamento de Trabajo, estas situaciones se podrían evitar si todos los trabajadores conocieran sus derechos. “Tenemos que asegurarnos de que la información está ahí fuera, no podemos tener trabajadores reacios a denunciar situaciones abusivas”, comentó Barab, mientras Manzano-Díaz reconocía que un desafío así requiere “una estrategia diferente” a la adoptada por anteriores administraciones.

Uno de los desafíos para el Departamento de Trabajo, como para el resto de la administración, es el crecimiento de la diversidad. Según, Manzano-Díaz, su oficina cuenta con programas dirigidos a minorías que buscan empleo. En el caso de los adultos que participan, un 15 por ciento son hispanos. “Cuando tratamos con estudiantes, asciende al 28 por ciento. Tenemos que prepararnos para el cambio que viene”, argumentó.

Según explicaron algunos de los participantes, parte del problema del desempleo en la comunidad hispana tiene que ver con una falta de conexión entre las ciudades donde trabajan, las industrias del área y el tipo de educación que ofrecen las escuelas locales. “No se trata sólo de ayudarles a pagar la matrícula. Tenemos que asegurarnos que las universidades ofrecen titulaciones que les preparen para los trabajos que demandan las empresas de la zona”, comentó Roberta Gassman, subsecretaria para Empleo y Educación Profesional del Departamento de Trabajo.

Uno de los mayores obstáculos de los hispanos para entrar en el mercado laboral es la falta de acceso a internet, información sobre ofertas de trabajo y documentación oficial con los recursos y ayudas disponibles para ellos. "El acceso a internet es esencial para participar en la actividad económica del país", declaró Anna Gómez, subsecretaria del Departamento de Comercio.

La primera razón por la que no acceden a internet es el coste de la conexión. Los jóvenes avanzan por el acceso móvil, pero la mayoría de hogares hispanos siguen sin ordenadores conectados a la red -un 56 por ciento, frente al 68 por ciento de la población estadounidense con conexión de banda ancha. El gobierno quiere centrarse ahora en los más jóvenes, con el objetivo de que ayuden a sus padres a familiarizarse con la red. En algunas ciudades como San Francisco, algunas organizaciones han abierto sus redes wi-fi a la población con menos recursos para atajar este problema.

Derechos civiles, en español

Todas estas dificultades han puesto a los latinos al frente de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. "El sueño americano está en peligro, no se está cumpliendo para muchos de nosotros", dijo Martín Castro, el primer hispano en dirigir la Comisión de Derechos Civiles. Castro mencionó diferentes violaciones en el caso de votantes a los que se les niega su derecho a participar en las elecciones, la falta de traductores en el sistema judicial, el incremento de crímenes raciales, discriminación y acoso escolar especialmente dirigido contra estudiantes latinos.

"Hemos llegado a un punto en el que los hispanos no confían en la policía. Así es imposible garantizar la seguridad”, protestó Rubén Gallego, congresista estatal de Arizona. En aquellas localidades donde más se han endurecido las leyes de inmigración, muchos ciudadanos indocumentados temen denunciar abusos por miedo a ser detenidos.

“No son prácticas comunes, pero existen. La policía a veces prefiere detener a todas las personas implicadas en un altercado hasta que determinan quién es la víctima y quién el agresor”, reconoció Margo Schlanger, directora de Derechos y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional. Cuando esto ocurre y una vez que se han obtenido sus datos, muchas víctimas de robos o agresiones acaban siendo procesados para su deportación.

Algunas organizaciones religiosas lamentaron, a su vez, la pérdida de miembros en sus congregaciones. En Arizona, se calcula que las iglesias han perdido al 30 por ciento de sus fieles por las redadas organizadas en las inmediaciones, denunciando que aquellos “lugares que se suponían eran sagrados y seguros, ya no lo son”.

La respuesta de la mayoría de los miembros del gobierno durante todo el día ha sido de dos tipos. Por un lado, reconocer la existencia de estos desafíos para la comunidad latina y compartir con los representantes locales la información sobre programas y recursos disponibles para mejorar la situación. Y por otro, recomendar a las organizaciones que les hagan llegar cuantos más casos y denuncias posibles, para atajar la distancia entre el gobierno y los ciudadanos.

El resto de sesiones trataron asuntos tan importantes como el impacto de las nuevas infraestructuras de transporte, especialmente del tren de alta velocidad, para los hispanos. “Es clave para la creación de empleo, para el acceso a trabajos y para la recuperación de la economía”, alegó Karen Rae, administradora del Departamento de Transporte. “Cuanto más fuertes son las ciudades, más lo son las regiones”.

En este aspecto, los miembros del gobierno escucharon cómo los latinos muchas veces están atrapados en las zonas de las ciudades con peores redes de transporte público, algo que impacta de forma directa en su acceso al mercado laboral. Gran parte de la conferencia fue dedicada precisamente a los lugares de residencia, la vivienda y la calidad de vida de los hispanos. Más del 70 por ciento viven en áreas donde el aire no cumplen las condiciones mínimas de salubridad, con importantes consecuencias para su salud ya desde la infancia. “Todavía tenemos que asegurarnos de que las empresas cumplen leyes que llevan décadas aprobadas”, reconoció Arvin Ganesan, de la Agencia de Protección Medioambiental.

El Pais (Es) (España)

 


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