En la propia Petrobras ya se evalúa el riesgo del proyecto para las inversiones en gas de la estatal en Bolivia y también la caída de las ventas de combustibles líquidos que serían sustituidos por el gas.

Los riesgos ambientales que cercan al proyecto y que pueden atrasar o inviabilizar la concesión de las licencias tampoco pueden ser ignorados, así como las inseguridades en cuanto al precio. Eso porque el precio estimado para ese gas –entre US$ 1 a US$1,7 por millón de BTUs (British Termal Unit), sin considerar la tarifa de transporte– es considerado bajo. El precio es menor que el del gas de Bolivia, que hoy llega a Brasil a US$ 3,20, sin contar los US$ 1,70 de transporte, que elevan a US$ 4,90 el precio final para el consumo industrial. Hay temores en cuanto a los cambios políticos en Venezuela después de que el proyecto esté terminado.

Las tentativas del nuevo Presidente de Bolivia, Evo Morales, de renegociar el precio del gas exportado a Brasil, son siempre citadas como ejemplo de riesgo político. También se preguntan por qué Venezuela quiere vender gas al Cono Sur por menor precio de lo que Estados Unidos podría pagar, ya que el gas ya fue vendido por US$ 14 millones de BTUs.

También se cuestiona el apuro de PdVSA para financiar la explotación de todo ese gas en Venezuela. Marco Aurélio Tavares, Director de la empresa de consultoría Gas Energy, estima que serán necesarios por lo menos US$ 15.000 millones en inversiones para que Venezuela pueda producir los 150 millones de m³ de gas/día. Con la obra, la cuenta subiría a US$ 38.000 millones, mínimo.

Tanto Tavares como el economista Adriano Pires, del Centro Brasileiro de Infra Estrutura (CBIE), creen que PdVSA puede tener problemas para obtener tantos recursos. “Como Chávez está usando la renta del petróleo para sus políticas sociales en Venezuela y América del Sur, falta explicar de dónde vendrá el dinero para todas esas inversiones”, dijo Pires.

Tavares cree que el proyecto necesita de una amplia discusión con la sociedad, para que se decida si Brasil debe basar su desarrollo en lo que considera “subsidio del precio de gas de Venezuela”. Él defiende la construcción de unidades para transformar en gas nuevamente el GNL, que puede ser importado por menos, reduciendo la dependencia de Venezuela.

Tavares también cree que, por la metodología de tarifa postal para el gasoducto –por la cual el precio del transporte es el mismo, independientemente del punto de entrega– los consumidores brasileños estarán subsidiando la tarifa para los argentinos. La mayor parte de la tarifa sería “amortiguada” en Brasil antes de llegar al País vecino.

“¿Resultará interesante para Brasil desarrollar mercados consumidores con base en un precio de gas subsidiado por otro País?. ¿Quién garantizará que Argentina, que hoy tiene precios de gas congelados, esté dispuesta a pagar por el gas importado, que tendrá doble subsidio, en gas y en transporte?”, cuestionó.

Otro crítico del proyecto es el Secretario de Petróleo, Energía e Industria Naval de Rio de Janeiro, Wagner Vícter, para quien el proyecto es una “intención megalómana parecida a aquella que inspiró la Carretera Transamazónica”. Teme que el proyecto reduzca inversiones en exploración de gas en Brasil, sin contribuir a la reducción de los precios internos.