Hasta fines de febrero pasado, ese volumen de titulaciones benefició a 536 mil indígenas, loque representa el 80 por ciento de los 670 mil que solicitaron las titulaciones. De ese total, 368 mil viven en tierras altas y 168 mil en tierras bajas. En tierras altas los demandantes iniciales fueron 500 mil y en tierras bajas 170 mil.

El documento también aborda la problemática del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), como uno de los cuatro estudios de caso realizados:

1. TIOC Chayantaka de Potosí, el ayllu con gestión territorial indígena

2. TIOC TIPNIS de Cochabamba y Beni, la coca y una carretera acechan a la Loma Santa

3. TIOC Lomerío de Santa Cruz el sueño de un gobierno propio en el territorio chiquitano

4. TIOC Itika Guasu de Tarija, la problemática de la tierra y el territorio en el “gran río” en la región guaraní en Tarija.

El informe identifica además las tareas pendientes sobre la temática de los territorios indígenas. 

TIPNIS

La problemática del TIPNIS se describe en el documento, en el marco del proceso de saneamiento y titulación de los 258 territorios indígenas demandados, y muestra las dificultades a las que se enfrentan y pueden enfrentarse los pueblos indígenas.

Según la investigación, los indígenas yurakarés, mojeños y chimanes que viven en el TIPNIS, soportan desde la década del 70 las presiones de los migrantes de tierras altas que se asentaron en esos territorios y luego comenzaron a sembrar coca.

En la actualidad existe una tensión con el gobierno central por su intención de construir una carretera que uniría Villa Tunari (Cochabamba) y San Ignacio de Moxos (Beni), cuyo trazo pasa por centro del TIPNIS. El presidente Evo Morales, que a su vez es Secretario General de las seis federaciones de cocaleros, expresó una posición férrea al respecto el 29 de junio: la vía se construirá “quieran o no quieran” los indígenas.

SOBREPOSICIÓN DE LÍMITES 

En el informe de TIERRA se encuentran también hallazgos sobre aspectos conflictivos comunes a varios TIOC, por ejemplo la relación que tienen con las unidades político-administrativas muestra que 130 municipios son afectados por la incompatibilidad de límites con los TIOC. 

Debido a que los territorios indígenas fueron concebidos sólo como espacios de derechos colectivos de propiedad de la tierra, las demandas de titulación no consideraron que debieran ser compatibles con las unidades político-administrativas ni con sus límites, tampoco con las unidades de autogobierno indígena. 

Consecuentemente, los límites del 74 por ciento de los territorios titulados sobrepasan o transgreden los límites municipales, mientras que el 19 por ciento de los límites de TIOC son incompatibles con los departamentales. A escala municipal, esta incompatibilidad afecta al 38 por ciento de municipios.

Discontinuidad territorial contra la autonomía

Otra constatación, resultado de la investigación, es que la discontinuidad de los TIOC, especialmente en tierras bajas, elimina las posibilidades de que se conviertan en unidades viables para la formación de autogobiernos indígenas o, específicamente, autonomías indígenas originario campesinas. Esto, aunque la continuidad territorial no es un requisito legal explícito para la constitución de las autonomías indígenas. En esa región, el 58 por ciento de los TIOC son territorialmente discontinuos, según el documento.

En tierras altas la discontinuidad de los TIOC es la excepción y estas no tienen mayores implicaciones para la formación de un autogobierno o autonomía indígena. Sólo el 18 por ciento de aquellos tiene esa característica. La mayoría de estos casos se trata de pequeños territorios consolidados en forma anexa a los ayllus o marcas alejados y ocupadas temporalmente.

LOS DERECHOS INDÍGENAS SOBRE LOS RECURSOS NATURALES

Dependiendo de qué recurso natural se trate, los derechos de los indígenas sobre aquellos se sobreponen a los del Estado central o viceversa. 

La legislación existente prevé que los indígenas tienen derecho exclusivo sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables en sus territorios, sobre el suelo y su asignación para la explotación agrícola, justificando la función social con el aprovechamiento sustentable que realicen. 

Alrededor de 3,2 millones de hectáreas de las 20,7 tituladas como TIOC, son áreas protegidas. El 20 por ciento de las concesiones forestales, esto es 1,2 millones de hectáreas, están dentro de las áreas demandadas por los indígenas.

En cuanto a los recursos no renovables la Constitución determina que los TIOC no otorgan dominio a los pueblos indígenas sobre recursos mineros, hidrocarburíferos e incluso hídricos, pero sí consagra en favor de los originarios el derecho a la consulta sobre los recursos no renovables y a la participación en los beneficios generados por su explotación. A pesar de ello, se generaron muchos conflictos en el saneamiento y después de ese proceso.

Al menos 32 por ciento de las concesiones mineras estarían dentro de los territorios indígenas demandados en el altiplano y los valles interandinos. En hidrocarburos, 20 de los 40 contratos de exploración y explotación se encuentran en 20 territorios indígenas, casi todos en tierras bajas del Chaco.