El martes, los cancilleres de cuatro países latinoamericanos --México, Colombia, Panamá y El Salvador-- volaron a Washington DC, para reunirse con la Secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, y manifestarle sus preocupaciones por el proyecto de ley del congresista James Sensenbrenner (Republicano de Wisconsin), que fue aprobada el pasado 16 de diciembre por la Cámara de Representantes. Está previsto que el proyecto de ley sea debatido en el Senado de Estados Unidos en las próximas semanas.

La cena de Rice con los cuatro enviados de América Latina --entre quienes estaban los representantes de algunos de los países más cercanos a Bush en la región --se dio un día después de que 11 cancilleres y viceministros latinoamericanos se reunieron en Cartagena, Colombia, para concebir una estrategia conjunta en contra de la propuesta antiinmigratoria.

''Este es un tema de vital importancia en las relaciones de Estados Unidos y América Latina, porque se refiere a la dimensión humana de nuestros vínculos'', señala el embajador de México en Washington, Carlos de Icaza.

Efectivamente, los funcionarios latinoamericanos dicen que el proyecto de ley Sensenbrenner viola los derechos humanos de millones de sus compatriotas --tanto residentes legales como ilegales-- al convertir a todos los hispanos en sospechosos de delincuentes, y forzando a que las nuevas oleadas de inmigrantes busquen formas más peligrosas de cruzar la frontera. Actualmente, unos 300 migrantes mueren en el intento de cruzar la frontera cada año.

El gobierno del presidente Bush dice que ''apoya firmemente'' el proyecto de ley, aunque añade que quisiera que el Congreso incluya en él mismo un programa de trabajadores temporales.

La iniciativa Sensenbrenner ha unificado a casi todos los países latinoamericanos --y a los partidos políticos dentro de ellos-- en contra de lo que muchos en la región ven como una potencia hipócrita, que pregona el libre comercio, la cooperación en seguridad y la unidad hemisférica, pero que al mismo tiempo planea construir murallas a lo largo de su frontera sur.

En juego no sólo está el futuro de casi 11 millones de trabajadores indocumentados en los Estados Unidos, sino también de unos $32,000 millones que los migrantes envían anualmente a sus familiares en estos países. En algunos de ellos, como México y El Salvador, las remesas se han convertido en una fuente importante de crecimiento económico, que se podría frenar si hubiese deportaciones masivas de trabajadores indocumentados.

El canciller de Panamá, Samuel Lewis, me dijo en una entrevista telefónica el miércoles que el tema migratorio, que está aflorando justo después del anuncio de que los Estados Unidos podría recortar en un 28 por ciento la ayuda externa a América Latina, está incorporando un nuevo tema de conflicto en las relaciones interamericanas, lo que ''podría envenenar otros temas de la agenda bilateral''. El canciller del El Salvador, Francisco Lainez, cuyo país es quizás el aliado más cercano de Bush en la región, me dijo en una entrevista telefónica separada que una deportación masiva de inmigrantes indocumentados no sólo lastimaría a la economía de los Estados Unidos, sino ''que pondría en peligro a las frágiles democracias'' de la región. 'Le daría a los populistas la oportunidad de decir, `tratemos de hacer algo diferente' '', dijo Lainez.

Miembros del grupo de los 11 países que se reunieron en Cartagena planean lanzar una campaña de cabildeo en Washington DC. la próxima semana para buscar una ley inmigratoria con un programa de trabajadores temporales, y vías para que algunos de ellos puedan convertirse en residentes permanentes.

Mientras el mercado laboral de Estados Unidos siga requiriendo 500,000 trabajadores manuales por año y sólo provea 5,000 visas para ellos, el flujo de trabajadores indocumentados continuará, afirman. Asimismo, el proyecto de construir una muralla de 1,000 kilómetros a lo largo de la frontera de 3,000 kilómetros no va a detener la inmigración ilegal, porque los futuros migrantes cruzarán por la frontera de Canadá, cavarán túneles, o buscarán cruces más remotos en la propia frontera mexicana, señalan.

Mi conclusión: el debate del Senado de los Estados Unidos difícilmente podría venir en peor momento. Este año se celebran elecciones legislativas en los Estados Unidos en noviembre, y elecciones presidenciales en México, Colombia, Nicaragua y Venezuela en los próximos meses.

Los candidatos populistas en ambos lados de la frontera casi seguramente subirán los decibeles de su retórica. Lo más inteligente sería postergar todo el debate del Senado hasta después de las elecciones de noviembre. Para entonces, cabezas más frías tomarán decisiones más inteligentes.