En los últimos 20 meses cinco periodistas fueron asesinados; uno está desaparecido y uno más está gravemente herido a raíz de un atentado el pasado 6 de febrero. Obviamente, los ataques no se iniciaron el 22 de junio de 2004, con el asesinato de Francisco Ortiz Franco, editor del semanario Zeta de Baja California, pero sí se intensificaron a partir de ese momento. Casi tres meses después, el 24 de septiembre, asesinan a Francisco Arratia en Matamoros y semanas más tarde, en noviembre del mismo año, a Gregorio Rodríguez Hernández, en Escuinapa, Sinaloa.

En 2005, abril fue el mes trágico. Primero el día 2 con la desaparición de Alfredo Jiménez Mota, reportero del periódico El Imparcial de Hermosillo, en Nogales, Sonora; el 5, el atentado, en Nuevo Laredo, contra la reportera radiofónica Guadalupe García Escamilla, quien falleció días después; y el día 8 del mismo mes, con el asesinato en Poza Rica, Veracruz, de Raúl Gibb Guerrero, dueño y director del periódico La Opinión.

Y los atentados contra periodistas en este 2006 se iniciaron el pasado lunes 6 de febrero cuando un grupo armado irrumpió en la redacción de El Mañana de Nuevo Laredo y atacó con ráfagas de armas de alto poder las instalaciones y a quienes ahí se encontraban e, incluso, hizo estallar una granada. En el incidente resultó herido de gravedad Jaime Orozco Tey, quien labora en esa casa editorial desde hace más de 15 años.

Los atentados de los narcotraficantes, o de policías vinculados a éstos, tienen su origen en la década de 1980. Entre otros, se recuerdan particularmente en 1988 los asesinatos de Manuel Bargueño, periodista sinaloense, el 22 de febrero de ese año, y tres meses después, el 20 de abril, de Héctor Félix Miranda, columnista y socio del semanario Zeta de Baja California.

El atentado contra El Mañana sucedió diez días después de que dicha casa editorial recibió a periodistas invitados por la Sociedad Interamericana de Prensa a participar en el Seminario sobre cobertura noticiosa del narcotráfico, planeado en una reunión celebrada en Hermosillo, el pasado 30 de agosto, donde representantes de más de 40 periódicos mexicanos lanzaron la denominada “Declaración de Hermosillo” para condenar el nivel de inseguridad en el que se ejerce el periodismo en México.

La declaración también contemplaba, entre otros compromisos, la conformación de un equipo de periodistas investigadores de diversos medios que integran el Proyecto Fénix, cuya misión es investigar y profundizar los trabajos que realizaban los reporteros asesinados o desaparecidos en México. El equipo se conformó en el citado seminario y sus productos se publicarán simultáneamente, al menos, en las 40 publicaciones que signaron el documento de Hermosillo.

Otro hecho significativo es que en la víspera el semanario Proceso difundió un reportaje de Alejandro Gutiérrez, que revela con mucha precisión la presión que reciben los reporteros en Nuevo Laredo por parte de los narcos. La publicación denuncia que son los delincuentes los que deciden qué se difunde y qué no en los medios de comunicación de dicha plaza fronteriza.

Como ejemplo señala que el 18 de enero pasado asesinaron a Eleazar Treviño Morales, hermano del “jefe” de la plaza, y que decidieron que dicha noticia no debía difundirse. El asesinato no se divulgó en Nuevo Laredo e, incluso, un medio nacional decidió ocultarlo para proteger la integridad de su corresponsal.

Pero Gutiérrez también narra cómo algunos periodistas son los correos o enlaces, responsables de repartir el dinero proveniente del narco entre sus colegas y “dar línea” del tratamiento que se debe dar a fotografías e informaciones. De acuerdo con la publicación los periodistas de Nuevo Laredo sólo tienen dos opciones: “Plata o plomo”, pues si no reciben el dinero que les envían los capos automáticamente se les considera enemigos y pueden ser víctimas de atentados.

Lamentablemente este tipo de prácticas, que desde luego corrompen y vulneran el ejercicio periodístico, no son nuevas. Jesús Blancornelas lo describe en su libro El Cartel. Y no se puede negar, como narra en dicha publicación el periodista bajacaliforniano, que algunos de los atentados perpetrados por los narcotraficantes contra periodistas no tienen que ver con el ejercicio profesional de éstos, sino con chantajes o tropelías de los mismos profesionales de la información.

A raíz de estos atentados, varios medios de comunicación, entre los que destacan El Imparcial y El Mañana, decidieron no realizar más investigaciones sobre las actividades de los narcotraficantes y limitarse a difundir las informaciones oficiales que divulguen las autoridades.

El lunes el vocero presidencial, Rubén Aguilar, anunció que el próximo miércoles la Procuraduría General de la República anunciará la creación de una Fiscalía especial para combatir los crímenes contra periodistas; sin embargo, la creación de la fiscalía puede ser otro de los programas mediáticos —diseñados únicamente para ocupar un espacio en los medios de comunicación y aparentar que se actúa contra el crimen organizado— de este gobierno y no en un instrumento efectivo para garantizar el combate a la delincuencia, como lamentablemente ya ocurre con el programa “México Seguro”.