Más de 20.000 expulsados el año pasado, 43.000 investigados en el 2004, sentencias ejemplares… China es un país de gran corrupción, pero también lucha contra ella. La ausencia de mecanismos judiciales independientes impide que ese esfuerzo sea eficaz.

El Partido Comunista Chino sancionó el año pasado a 115.000 de sus miembros y expulsó de sus filas a 24.000 por "corrupción y otras violaciones de la disciplina del partido", señala un informe divulgado por la Comisión Central de Disciplina y Control, el organismo anticorrupción interno. En el 2004 fueron 43.000 los funcionarios investigados por corrupción y abuso de poder y, según un informe de aquel año, entre 1999 y el 2004 los tribunales chinos examinaron 100.000 casos de corrupción y condenaron a 83.000 funcionarios corruptos.

Los medios de comunicación chinos dan cuenta periódicamente de detenciones ejemplarizantes de funcionarios, incluidos seis del más alto nivel en el 2004, con fuertes sentencias y algunas penas de muerte. La corrupción aparece en los discursos de las primeras autoridades chinas, así como en los documentos del gobierno y del partido, como tema objeto de la máxima atención y preocupación oficial.

Nada de todo eso ocurría, por ejemplo, en la Rusia de Boris Yeltsin, donde lo peor de la grave corrupción estructural era que se dieron desde el gobierno todas las facilidades para el robo institucional. Con Vladimir Putin, se ha continuado sin condenar a un solo alto funcionario corrupto, y la "lucha contra la corrupción" ha sido frecuentemente utilizada como ajuste de cuentas contra adversarios políticos, como los magnates caídos en desgracia por representar determinados desafíos al Kremlin.

En la gran ventaja de China con respecto a Rusia se incluye una práctica de auditorias de empresas del Estado, a cargo de la Oficina Nacional de Auditorías (CNAO), que en el 2003 detectó más de 8.000 millones de dólares declarados como "utilización ilegal de capital", y de los bancos comerciales, con 240 casos de corrupción detectados en la primera mitad del 2005. Entre los esfuerzos del Partido Comunista figura, en el 2005, una campaña de adoctrinamiento por la que han pasado millones de funcionarios (el Partido Comunista Chino tiene 70 millones de miembros). Todo eso refleja un propósito anticorrupción, inexistente en muchos otros países tanto con regímenes autoritarios como pluralistas, pero, pudiendo tener algún efecto paliativo, ninguno de esos remedios parece eficaz para atajar el problema de fondo: el sistema de partido único, sin alternativa ni contrapesos institucionales, facilita enormemente el incesto entre poder y dinero.

Llevando medio siglo en esa situación, el Partido Comunista Chino no puede hacer milagros. Con la reforma de mercado iniciada en 1979, la corrupción a pequeña escala desempeñó un papel considerable en la apertura de espacios de libertad y autonomía, pero con el tiempo, y en el contexto de dinámico crecimiento de los últimos veinte años, las oportunidades de robo aumentaron y, en cierto sentido, se institucionalizaron. En los últimos diez años, China pasó de ocupar los últimos puestos en la lista de 100 países en nivel de corrupción a ocupar el puesto 57, al lado de Argentina, Egipto, Letonia, Tailandia y Turquía. Hoy la corrupción es uno de los problemas más graves de China, y así lo subraya en sus discursos el presidente Hu Jintao.

Entre los límites obvios de la anticorrupción china, puede citarse el hecho de que las auditoras y los departamentos de control - los hay en cada ministerio- estén insertos en la misma burocracia que deben controlar, lo que crea una especie de impotencia administrativa y un enredado terreno de componendas entre los funcionarios. Los cursillos de adoctrinamiento moral son considerados completamente inútiles por muchos, y la acumulación de cargos y funciones en manos de un solo funcionario, así como el uso de los parientes como tapadera, facilitan todo tipo de maniobras.

"El éxito estará lejos de alcanzarse mientras la dirección del partido continúe atribuyendo la rampante corrupción oficial a la falta de mecanismos reguladores, en lugar de reconocer la necesidad de avanzar en el camino de la legalidad, atribuyendo un mayor papel a los medios de comunicación y una mayor transparencia en la adopción de prácticas internacionales para combatir la corrupción", señalaba en enero un comentario editorial del diario de Hong Kong The South China Morning Post.En Pekín, las propuestas académicas para configurar un sistema judicial más independiente, son conocidas y se formulan desde hace tiempo, pero chocan con el miedo de los dirigentes.