El dictamen señala la obligación de los ciudadanos, comerciantes y profesionistas a informar de operaciones sospechosas que superen el equivalente a 200 mil pesos en efectivo en el caso de autos, joyas, relojes y asesorías, y de un millón de pesos respecto de la adquisición de bienes inmuebles.

Uno por uno de los 65 artículos de la ley fueron revisados a puerta cerrada por la comisión.

Una de las disposiciones que más polémica generó al interior de esta comisión y al exterior, en los colegios de profesionistas, fue el relativo a que estos últimos tendrían la obligación de reportar, a nombre de sus representados, esas operaciones "sospechosas", por lo que el texto relativo fue finalmente suprimido.

En el curso de la discusión, Di Costanzo argumentó que el hecho de votar unilateralmente por parte de una comisión la propuesta encomendada para su análisis y dictamen a dos o más comisiones unidas, implica en este caso meter en "chaleco de fuerza" a la comisión de Justicia, ya que la votación tendría que ser en conjunto.

De esta suerte, destacó el legislador petista que se viola los artículos 173 y 174 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que a la letra establecen:

Artículo 173.- El expediente del asunto que requiera dictamen de comisiones unidas será turnado íntegro por el Presidente a las comisiones que corresponda; la primera comisión nombrada en el turno será la responsable de elaborar el proyecto de dictamen.

Artículo 174.- (1) Las comisiones a las que se turne el asunto en comisiones unidas podrán trabajar por separado en la preparación del dictamen, pero tendrán que sesionar conjuntamente en la que se vote el dictamen.

Por ello, el legislador petista propuso que se realizara una matriz de observaciones en donde se registren los comentarios, propuestas, reservas y posturas de los diferentes grupos parlamentarios representados en la comisión de Hacienda y sea remitido a la de Justicia.

"El hecho de llevar a cabo una votación metería ruido a la minuta, en cambio si realizamos un documento de trabajo que refleje las posturas de los legisladores no tiene que ser votado", precisó.

Sin embargo y con el voto en contra del PT se aprobó en lo general el documento, continuando la comisión de Hacienda con la revisión puntual de cada uno de los artículos que contiene la propuesta.

En entrevista, el diputado Óscar Levin Coppel, del grupo parlamentario del PRI, precisó que hasta el momento se han votado 20 artículos de la minuta de la denominada Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, sin que hayan llegado aún al tema de los montos de dinero en que los particulares estarían obligados a reportar actividades sospechosas.

Indicó que si bien se mantiene la obligación de que informen sobre estas actividades, personas como notarios y abogados, en las modificaciones que se realizan a la minuta del Senado, se establecen marcos legales más claros.

"Lo que es un paso adelante, empezar a tipificar los delitos, quienes pueden tener estas actividades sospechosas en nivel de repetición, por ejemplo, una operación o dos que se reporten no constituirán un acto de delito, sino la frecuencia con que se efectúan", señaló.

Levín Coppel enfatizó que no se violenta el proceso legislativo al haber comenzado los trabajos la comisión de Hacienda, ya que "el Reglamento lo que dice es que se tiene que votar conjuntamente cuando esté listo el dictamen aprobado, no dice quién hace el primer esfuerzo", explicó.