En atención al ejercicio de la autonomía, resulta más necesario establecer mecanismos para perfeccionar el debate sobre las políticas nacionales, de manera que el nivel central y el nivel autonómico debatan y se complementen, coordinando la ejecución de los programas y potenciando sus ventajas, así, los programas serán más receptivos con las necesidades e intereses de sus destinatarios, serán más adecuados a la realidad local.

Si las políticas públicas generan conflictos innecesarios por falta de dialogo oportuno, el ejercicio del poder no está justificado. El error está en pretender imponer políticas públicas sin el debate crítico de la sociedad civil y sin la consulta a los pueblos indígenas afectados. Las políticas públicas no se imponen, se debaten y se deciden en consecuencia. La construcción de la carretera al Beni es una política pública y como tal interesa y afecta a todos porque es nuestro patrimonio; esta conducta autoritaria y soberbia tendrá una sola consecuencia: la necesaria como irremediable modificación de su trazo, lo que significará tiempo y dinero.

De lo que debemos estar seguros es que a partir de hoy nada será igual, la voz y opinión de los pueblos y comunidades indígenas será decisiva en la toma de decisiones en relación a proyectos que les impacten de manera directa. Es hora de una relación respetuosa y digna entre pueblos originarios y el Estado para fortalecer la autodeterminación de los pueblos, respetar su identidad, lengua y cultura, evitar una relación de sometimiento e imposición y sobre todo, la devastación de nuestros recursos naturales. Se impone pues, modificar la actual relación que sin duda es inequitativa y equívoca con los pueblos originarios. Una Ley de Consulta Indígena Obligatoria evitará las arbitrariedades contra sus tierras y territorios. Esta ley permitirá que sea de observancia general en todo el país. Sus disposiciones, deben ser de orden público e interés social y tendrán por objeto establecer, para los tres órdenes de Gobierno, lineamientos que garanticen a los pueblos y comunidades indígenas el derecho y la obligación a la consulta, lo que evitará retrasos absurdos en las obras de desarrollo. Cuando se aislan las decisiones al marco estricto de los intereses del Gobierno, se ocasiona un desgate político innecesario y no se contribuye a construir democracia.