Cuando éstos prefieren gobernar a oscuras, suelen justificar leyes pararegular a la prensa crítica e independiente, con el propósito dedisciplinarla y amordazarla. Esta tendencia está en alza en América Latina,sobre todo en aquellos países donde existen mayores reclamos populares paraacabar con la corrupción.
Brasil es el último eslabón de esa cadena. Mientras en las ciudades másimportantes del país decenas de miles de jóvenes protestaban contra lasirregularidades en la administración pública, el oficialista Partido de losTrabajadores (PT) ordenó el domingo anterior crear un marco regulador para“democratizar” a los medios, y así acabar con el periodismo partidario,sensacionalista, difamador, y con la concentración de medios en pocas manos.No es casual que esta campaña reguladora ocurra en el contexto de gravesdenuncias de corrupción y después de que la presidenta Dilma Rousseff,apoyada por los medios, estremeciera las estructuras del poder, limpiando dealimañas tres ministerios nacionales socavados por las irregularidades.
Puede ser que algunos medios y periodistas cometen abusos, pero el ordenjurídico brasileño ya tiene normas para procesar sus delitos por lo quecrear leyes especiales contra los medios resulta redundante, huele arepresalias o a limitaciones a la libertad de prensa. Así lo concibió elSuperior Tribunal de Justicia, cuando en 2009 eliminó por inconstitucionalla Ley de Prensa de 1967, porque discriminaba a los medios y sobreprotegía alas autoridades.
Como en Brasil, la excusa de “mantener el orden público” o censurar lasdenuncias de la prensa, motivaron también al presidente venezolano HugoChávez a crear en 2004 la Ley de Responsabilidad Social. Esta norma, quelicencia al gobierno a suspender a los medios sin orden judicial cuandoconsidera que se atenta contra la seguridad o el orden público, sirvió paracerrar periódicos, a la televisora RCTV, maniatar a Globovisión y, hacesemanas, para suspender la publicación del semanario Sexto Poder, y procesara dos de sus ejecutivos.
Tapar la corrupción también es prioridad del gobierno ecuatoriano de RafaelCorrea. Después de las denuncias sobre los contratos fraudulentos entre elgobierno y su hermano Fabricio, Correa reflotó el proyecto de Ley deComunicación que ahora impulsa el oficialismo en el Congreso. La nueva normano solo busca “democratizar” a los medios a través de un nuevo orden conpreeminencia de medios estatales, sino, en forma insólita, reglamenta a laprensa escrita. Para tal efecto, crea un órgano contralor de contenidos, conpresencia mayoritaria de miembros del Poder Ejecutivo, el que podrádisciplinar a quienes no se ajusten a criterios informativosgubernamentales. La intención es clara: censurar y controlar.En Argentina sucedió algo similar con la aprobación de la Ley de ServiciosAudiovisuales. La excusa del gobierno fue acabar con normas de la época dela dictadura y con la concentración de medios. Pero en un país con unanotable variedad y pluralidad de medios, el impulso de esa legislación tuvovisos de represalia, dándose luego de denuncias periodísticas sobreenriquecimiento ilícito de la pareja presidencial, valijas repletas dedinero que esquivaron aduanas para acompañar procesos electorales y tras elapoyo editorial de los medios al sector agropecuario en un conflicto con elgobierno.
En todos los casos, como ahora el de Brasil, es preocupante que las leyes deprensa surjan del sector oficialista, dando prioridad a los medios estatalesdisfrazados de públicos, poco eficientes a la hora de denunciar lacorrupción de sus jefes y muy eficaces para amordazar a la oposición. De ahílo importante del cuidado que han tenido los peruanos, al comprometer encampaña al presidente Ollanta Humala, para que desista de cualquier intentopor regular a la prensa en su mandato.
En este contexto, si Dilma Rousseff permite que se imponga la postura del PTsobre la prensa, desperdiciará la gran oportunidad de continuar su cruzadaanticorrupción. La prensa libre y desregulada es su mejor aliada para seguirlimpiando y mejorar la democracia.
