Los guatemaltecos acudieron ayer a las urnas para elegir a su presidente y vicepresidente y renovar el Congreso y las corporaciones municipales. Todas las encuestas de las últimas semanas dan como ganador al general retirado Otto Pérez Molina. De ser así, se convertiría en el primer militar en el poder desde el fin de las dictaduras militares, en 1985.

La inseguridad es el tema que más preocupa a los guatemaltecos y será por lo tanto lo que marque las prioridades del próximo gobernante. Un oficial del Ejército, que accedió a hablar a condición de guardar el anonimato, opina que si el resultado de las urnas confirma el triunfo de Pérez Molina, su gobierno estaría capacitado para poner en marcha rápidamente un plan de seguridad basado en dos ejes: el aumento del número de efectivos militares para recuperar el control de amplias zonas del país, ahora en manos del crimen organizado, y la reforma los servicios de inteligencia.

Al futuro presidente de Guatemala no le espera una tarea fácil. Para empezar, encontrará un aparato gubernamental infectado por la corrupción y con instituciones reducidas a caricaturas de sí mismas.

En el Poder Judicial, las estadísticas hablan por sí solas: solo un 3% de los crímenes cometidos llega a juicio. El Poder Legislativo es un mercado donde se aprueban sin ningún pudor leyes en función de los intereses de grupos de poder, mientras que normas universales como las que penalizan el tráfico de influencias o el enriquecimiento ilícito -eliminadas durante la administración liberal de Álvaro Arzú (1996-2000) como medida previa a la privatización de los bienes del Estado-, duermen el sueño de los justos, a pesar de las presiones de la comunidad internacional.

En cuanto al Ejecutivo, se encuentra atado de manos porque no tiene recursos para echar a andar sus planes de Gobierno. Guatemala es uno de los países de América Latina con la carga tributaria más baja y que retrata el grado de corrupción social: entre el 55% y el 60% de lo recaudado por el IVA (12%) jamás llega a las arcas del Estado, porque se lo apropian los recaudadores.

El tema tributario tiene aristas que lo complica todavía más, si cabe. En este país, cerca del 80% de la población sobrevive en la economía sumergida. Consecuentemente, ni tributa ni está sujeta a ninguno de los beneficios que la legislación contempla para la clase trabajadora. La patronal estima que el peso de la economía sumergida se aproxima ya al 50% del PIB.

Para Vinizio Cerezo, expresidente de Guatemala, que inauguró con su mandato la etapa democrática, "es innegable que la violencia es de carácter social". "Se deriva de la falta de oportunidades y de la ausencia de una política de empleo y de inclusión de los sectores mayoritarios de la población, absolutamente marginados de los beneficios del crecimiento económico que estamos teniendo", asegura Cerezo.