Esa fue la sentencia con la que Santos calificó esta semana una situación que dista mucho de ser cierta y que resulta inexplicable en boca de quien ejerció, por igual, la jefatura del Comercio Exterior de su país. De lo que el presidente Santos adolece, a esta hora, es de un error de enfoque o de falta de asesoramiento de parte de su equipo diplomático y comercial. Quien no cree ni ha creído nunca en el libre comercio entre los dos países es quien él ha llamado entusiastamente su “mejor nuevo amigo”, el presidente Hugo Chávez.

No somos “los venezolanos”, como asegura Santos, los que no somos proclives a una economía abierta y donde el libre comercio sea la regla. Es la cabeza del Estado venezolano quien ha estado dedicada a ponerle obstáculos en la rueda bien engrasada de la relación transfronteriza con Colombia. Fue a raíz del advenimiento del gobierno revolucionario al poder cuando los problemas, cada vez más frecuentes y con mayores decibeles, comenzaron entre los dos países hermanos.

No había terminado de calentar la silla presidencial Hugo Chávez, en el primero de sus mandatos, cuando ordenó desde Miraflores el trasbordo de las cargas terrestres en los enclaves fronterizos, lo que generó la primera distorsión severa en un comercio intenso que los empresarios de ambos países se habían esforzado por años en instaurar y en hacer crecer.

Es este gobierno, no el empresariado ni los ciudadanos venezolanos, el que ha roto relaciones con Colombia y sustraído a Venezuela de la CAN. Es la revolución bolivariana la que, aun a esta fecha, ha establecido, sostenido y mantenido trabas al comercio con Colombia ¬no así con otros países- por razones siempre de índole política. Fue el gobierno venezolano, ya en el año del mandato de Juan Manuel Santos y durante el curso de su estrechísima amistad, el que propuso a los exportadores colombianos que continuaran exportando a Venezuela, para recuperar las abultadas cifras de negocios de antaño (superiores a 6 millardos de dólares en 2008, de Colombia a Venezuela), pero vendiéndole al Estado no a las empresas venezolanas. El Estado venezolano es el que ha manejado a su guisa el control cambiario para perjudicar a Colombia y favorecer a otros países.

Este gobierno es el que ha desconocido las deudas comerciales que aún afectan a un buen número de exportadores colombianos de variada talla. El empresariado venezolano, las cámaras de comercio y las industriales, los articulistas de opinión, los académicos y la Venezuela no comunista, la que abarca bastante más de la mitad del país, no han dejado de alertar sobre los inconvenientes que le genera a los dos países las limitaciones impuestas por el chavismo a su comercio. Todos han fijado posición en contra de los controles al comercio en general, a las trabas a la integración andina, a la regional y a la colombiana en particular.

Todos estos son los amigos de la libre empresa, del comercio transparente, de la inconveniencia de los controles, de la protección de la propiedad privada, del respeto a los compromisos contractuales.